El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, tras el recurso especial interpuesto el pasado 25 de junio por la Confederación Nacional de la Construcción, declaró ayer nulo el contrato de licitación de obras del hospital de Teruel tras estudiar la denuncia presentada y, una vez más, la construcción del futuro centro, cuya edificación se preveía para septiembre, queda paralizada.
La asociación empresarial rechazó en su escrito una cláusula sobre posibles modificaciones contractuales en el precio inicial y que establecía que aquellos cambios de hasta un 10% del presupuesto de ejecución inicial deberían ejecutarse por la empresa adjudicataria a coste cero. Tras analizar la "singular" previsión del pliego impugnado, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón expuso ayer, en una resolución a la que tuvo acceso este diario, que "resulta manifiestamente ilegal" y que, per se, "vicia de nulidad de pleno derecho" a toda la licitación.
El movimiento de tierras para el futuro hospital de Teruel comenzó el pasado mes de marzo después de los problemas que mantuvo el Gobierno de Aragón con la empresa Acciona a principios de año y que acabaron con la rescisión del contrato que tenía para edificar el hospital. La empresa fue seleccionada para los trabajos, pero el inicio de las obras se demoró por el importante riesgo sísmico que existía en la zona conocida como el Planizar y que obligó a encargar diferentes estudios técnicos.
La resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y las ilegalidades detectadas vuelven a retrasar los plazos. El fallo conducirá probablemente a la apertura de un nuevo plazo de presentación de ofertas. Desde el Gobierno de Aragón no entraron ayer a valorar la noticia.
CONTRARIO AL DERECHO
La Confederación Nacional de la Construcción señaló en su denuncia que las condiciones del pliego impugnado en la licitación eran "contrarias" al Derecho y recordó que un principio general de la contratación pública, reforzado en los contratos de obras, es que estos "tendrán siempre un precio cierto, que se abonará en función de la prestación realmente ejecutada".
La queja presentada por los constructores llevó al tribunal a resolver ayer en su escrito que es "ilegal que un licitador asuma el impacto de una modificación contractual, porque se rompe con el principio esencial de equivalencia del contrato", añadió este órgano administrativo e independiente.
