Muy cara puede salirle al Ayuntamiento de Zaragoza la decisión de su responsable de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, de "regalar trece plazas de funcionario" para atajar una oposición irregular de auxiliar administrativo que acabó dándole el puesto a esas personas de manera equivocada. Y es que los funcionarios que se quedaron fuera y a los que un juez les dio la razón, obligando al consistorio a ser readmitidos, han solicitado una indemnización cercana al millón de euros.

El abogado que les representó en su día en la vía judicial que ganaron, Clemente Sánchez-Garnica, mantiene recurrida en casación la ejecución de la sentencia al considerar que falta cumplirse el concepto de reposición del daño que venía reflejado en la sentencia. De esta forma, estos funcionarios deberían cobrar el sueldo que no percibieron durante los cuatro años en los que estuvieron apartados del puesto que les correspondía.

Un concepto que para este letrado es "claro", aunque señala que el consistorio pretende que se descuente de ese dinero a percibir el salario que cobraron en otros trabajos durante esos cuatro años.

CONSECUENCIAS

Para Sánchez-Garnica, la decisión de Cubero (ZeC) ha provocado consecuencias "sin valorar". "Es injusto que personas que con peor puntuación se queden y que los reconocidos por un juez no sean indemnizados", asevera.

Más allá del coste de esta decisión al erario municipal, para este abogado está la reivindicación de un grupo de aspirantes en ese examen, alguno de ellos interino en el consistorio, que piden la revocación del decreto. Da la razón a su colega José Luis Calonge, que defiende los intereses de estas personas y que acaba de registrar un recurso de reposición en el que señalan que la inclusión de esas trece personas se realizó "sin sistema de selección alguno, sin haber superado ningún proceso selectivo y, sobre todo, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad".

En dicha apelación, que adelantó EL PERIÓDICO, achacan a una "clara desviación de poder" de Cubero y una aplicación "indebida" de una sentencia del Supremo que dicta sobre un caso diferente al suyo, debido a que en aquella oposición "no hubo cambios a mitad del proceso como en esta --eran 41 plazas, luego fueron 45 y acabaron contratando a 58--, y la nota de corte se fijó con posterioridad al examen, no como en el caso de Zaragoza.

El representante de estos interinos ha anunciado que si el ayuntamiento no contesta a su reclamación irán a la vía de lo Contencioso-Administrativo. Desde el Gobierno de ZeC han rehusado valorar estas quejas y así como dar explicaciones sobre las decisiones que podrían tomar en un futuro.