El decreto de inclusión hará posible el reparto de alumnos con necesidades especiales

El director general de Innovación, Equidad y Participación, Jesús Garcés Casas, ha comparecido hoy ante la Comisión de Educación, a petición de Podemos, para informar sobre la política educativa que está llevando a cabo el departamento respecto a la equidad y sobre el decreto de inclusión, actualmente en fase de información pública y de participación en diferentes mesas técnicas.

La previsión es que el decreto esté aprobado antes de que se publique la orden de escolarización para el curso 2018-2019.

Su objetivo, según el director general, es avanzar en el objetivo de conformar un nuevo modelo de escuela inclusiva, superando el concepto de integración, para lo que será necesario habilitar recursos adicionales para ese curso y, "ojalá", ha dicho, para los próximos porque este es un "proceso de largo alcance".

Garcés ha reconocido que el proceso de reparto proporcional de alumnos con necesidades en los centros "no es sencillo", entre otras cosas porque cuando un alumno está escolarizado en su entorno es "muy difícil" sacarlo de él, y por eso hay que ser "muy cuidadosos".

Pero a partir de ahora sí que habrá un porcentaje máximo de niños con necesidades, repartidos por municipios, por zonas en el caso de las grandes ciudades y, finalmente, por centros.

Entre otras cuestiones, el decreto prevé la creación de una red integrada de orientación educativa, presta especial atención a la atención temprana para fomentar el diagnóstico precoz de los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNE) y de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), e impulsa la intermediación.

Garcés ha insistido en la importancia de la tarea de los tutores y profesores para lograr la inclusión, primero con adaptaciones no significativas, como cambiar a los niños de sitio o adaptar los exámenes, antes de introducir otras medidas que "también son necesarias", como son los recursos especializados o la adaptación curricular.

Se recuperarán, además, las asesorías de convivencia con perfil de equipo y medidas de intervención, y se implementará un plan de igualdad de género.

De momento, ya se han tomado algunas medidas en este campo, como visitar los 40 o 45 centros que requieren actuaciones específicas para dar respuestas de refuerzo educativo; o la promulgación de la orden de planificación educativa que plantea ya la proporcionalidad en el acogimiento de estos alumnos en todos los centros, públicos y concertados.

Para la diputada de Podemos Erika Sanz, la principal causa de segregación en Aragón es la existencia de una "doble vía" en la que la concertara "escoge" a su alumnado, y ha reclamado por eso que "de una vez" se apliquen las medidas para hacer efectiva la igualdad en la educación.

Ha reconocido que "no es fácil" y que el sistema judicial recientemente tampoco lo ha facilitado al "entrometerse" en la planificación educativa que hace el Gobierno (en relación a las sentencias que han echado para atrás la decisión del ejecutivo de cerrar aulas concertadas).

Desde el PP y Ciudadanos, María José Ferrando y Susana Gaspar han insistido en la necesidad de que los centros concertados reciban los fondos necesarios para atender a los niños con necesidades que deben de acoger.

Para Gaspar, los colegios concertados "están de acuerdo" con un reparto equitativo de los ACNE y ACNEAE, pero también piden más fondos, ayudas y personal para poderlos atender.

Ferrando, por su parte, ha puesto el foco en la apuesta de Podemos, "su socio", le ha dicho al PSOE, sólo por un modelo, cuando el concertado "también es público y debería estar dotado con los mismos recursos".

María Herrero, del PAR, ha reconocido que la distribución de estos niños en diferentes centros "tiene ventajas", pero ha lamentado que solo afecte a los niños con dificultades, que son los que no pueden elegir centro.