La Asociación para la Defensa de la Función Pública aragonesa ha requerido al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, que apruebe la convocatoria de alguna oferta de empleo público este año, como marca el artículo 23.2 de la Constitución y amplía el Estatuto Básico del Empleado Público.
El actual Ejecutivo presidido por Javier Lambán, recordó la asociación, todavía no ha aprobado ninguna oferta de empleo público. "Pero sí se ha preocupado de recurrir ante el Tribunal Supremo aquellas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le obligaban a rectificar las irregulares ofertas de 2014 y 2015 del anterior Ejecutivo, de Luisa Fernanda Rudi, al no contener las plazas que exige el Estatuto Básico, vulnerando el derecho de acceso a la función pública", opinó.
Para la asociación, la actitud adoptada por el actual Gobierno de Aragón, "al tratar de anular o retrasar las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), resulta particularmente grave y reprochable".
Por ello, al igual que hicieron con el anterior responsable de función pública, Javier Campoy, han requerido a Gimeno para que oferte empleo público.
De no hacerlo, o si en la oferta aprobada no se incluyen las plazas que establece tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la vigente Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, anunciaron que acudirán de nuevo al TSJA, que ya ha dictado cinco sentencias favorables a ellos.
Para la asociación, "resulta inaceptable que los actuales responsables de función pública sigan manteniendo una actitud contraria al respeto del derecho de acceso, actitud que debiera conllevar su inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades públicas".
