Dos interminables horas. Ese fue el tiempo que una octogenaría con alzheimer estuvo tirada en el suelo del baño de una residencia zaragozana sin que la cuidadora le ayudara, a pesar de que la vio. Incluso llegó a apagar la luz de la estancia en la que estaba. Una situación que le provocó tal estado de estrés que le dejó como secuela una afectación cardiaca crónica. Así lo aseguró ayer la forense que presentó su informe durante la segunda sesión del juicio por este caso,

Tres años después de que ocurrieran estos hechos, la acusada, Alicia Mercedes H. S., reconoció ante la magistrada que tenía que haber socorrido a la mujer llamando al 112, si bien se excusó su comportamiento asegurando que «tenía que cuidar de otros ancianos a su cargo» y que si hubiera intervenido el servicio de emergencias «estaría despedida». Y eso que fue el propio geriátrico, Las Rosas, el que denunció los hechos tras analizar las cámaras de seguridad. Ahora el centro, representado por la abogada Ana Guzmán, solicita que sea inhabilitada para atender a niños y ancianos por el trato «degradante» que tuvo con su clienta.

Desde el punto de vista del fiscal, Raúl Miranda, la procesada actuó de forma «lamentable al no asistir a una persona desvalida». «No hace falta estudiar un master para ayudar a una persona, ni tener muchos ancianos que atender para llamar al 112, solo se necesita sentido común», señaló el representante del ministerio público en alusión a los argumentos que empleó Alicia Mercedes H. S. para tratar de defenderse.

De hecho, la Fiscalía trató ayer de aclarar con exactitud cuáles fueron las consecuencias de que la mujer fuera abandonada en el suelo tras caerse. Resaltó que la rotura de fémur es fruto «del accidente», pero que «lo cuestionable» es la omisión del deber de socorro y por ello pidió a la forense del IMLA Aránzazu Ortubia que explicara las secuelas. «No se puede decir con un porcentaje de 100%, pero lo que está claro es que fruto de esa situación la víctima sufrió hipotermia y ha desencadenado una fibrilación auricular», apuntó, mientras destacó que el nivel de demencia «se ha agravado, aunque no por estos hechos, sino por cuestiones de la edad».

Este diagnóstico sirvió al fiscal para pedir a la jueza que tiene que dictar sentencia, Pilar Alguacil, que le imponga una pena de tres años de prisión por un delito de omisión del deber de socorro y el pago de una indemnización de 2.000 euros por estas secuelas y 6.000 euros por el daño moral. Inicialmente solicitaba 30.000 euros, si bien la doctora rebajó con su diagnóstico las consecuencias negativas sufridas por la víctima. Quien tampoco mantuvo su solicitud inicial de condena fue la abogada de la víctima, Carmen Sánchez Herrero, que decidió aumentar la petición a 5 años y medio de cárcel además de una indemnización de 60.000 euros. «La residencia es responsable no solo del abandono, sino de que se cayera», apuntó. La acusada suplicó la absolución.