La Delegación del Gobierno en Aragón ha instado a la Dirección General de Vivienda del Ejecutivo autonómico a no crear confusión sobre la Ley de Emergencia, asegura que "no es cierto" que el Estado invada competencias de la Comunidad Autónoma y dice que no ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional.
En una nota de prensa la Delegación del Gobierno responde a las críticas de ayer de la directora general de Vivienda y Rehabilitación del ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, quien reprochó al gobierno central haber vaciado de competencias a las comunidades en materia de vivienda con continuas impugnaciones de leyes y de artículos contrarios a los intereses bancarios.
Este organismo informa de que ha invitado al Gobierno de Aragón a iniciar negociaciones para resolver las discrepancias y modificar el texto de la Ley 10/2016 y evitar, de esta forma, plantear el recurso de inconstitucionalidad.
No obstante, puntualiza que lo que se recurrió fue el anterior Decreto Ley 3/2015 "de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda" que está en trámite en el TC, que suspendió cautelarmente varios artículos ya que suponen un "perjuicio cierto para el interés general" y "se produciría un daño para la seguridad jurídica" como expresamente señala en su Auto de 31 de enero de 2017.
Según la Delegación del Gobierno, el TC apunta que la suspensión de la normativa Aragonesa no implica menoscabo de los colectivos vulnerables, puesto que el Estado ha dispuesto normas que los atienden.
Entre ellas cita la Ley 1/2013 "de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social" o la Ley 25/2015 que contiene medidas de diferente naturaleza encaminadas tanto a la protección de aquellos deudores de un crédito como a ampliar la protección de colectivos especialmente vulnerables.
