El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha confirmado hoy que la Delegación del Gobierno ha llevado finalmente a los tribunales el decreto del consistorio que prohibía concurrir a concursos públicos a las empresas condenadas por operar en paraísos fiscales.
En rueda de prensa, Cubero ha criticado la "judicialización" de la política municipal por parte de la Delegación del Gobierno, ya que este es el "sexto o séptimo" recurso que ha presentado contra acciones de su concejalía en lo que va de legislatura.
Así, además de este decreto, que fue aprobado en julio de 2016, la Delegación del Gobierno ha llevado también a los tribunales medidas como la remunicipalización del 010, el pacto convenio o, incluso, una reserva de tres plazas para personas con discapacidad dentro de una oferta de empleo público.
Cubero ha denunciado también "intencionalidad política" en la actitud del gobierno de Mariano Rajoy, que cree que recurre porque quiere que las empresas sigan haciendo negocios, en ocasiones "fraudulentos", a través de "tramas de corrupción".
A su juicio, los populares temen que se intente poner frenos a los paraísos fiscales porque las empresas beneficiadas están "muy relacionadas con el PP y con sus innumerables tramas de corrupción".
La Delegación del Gobierno, que en este caso no ha pedido medidas cautelares, aduce que este decreto vulnera el derecho a la libre competencia, que "por lo visto, debe ser más derecho que otros", como que "no se defraude a los ciudadanos", de igual manera que las trabajadoras del 010 continúan sin cobrar a día 16 de marzo y ese derecho "a nadie parece importarle", como el de la negociación colectiva en lo relativo al pacto convenio, ha añadido.
Los servicios jurídicos del consistorio, por su parte, defienden el decreto, ya que afecta solo a aquellas empresas que accedan a concursos públicos y hayan sido condenadas por sentencia firme.
El consejero ha afeado también a la Delegación del Gobierno el procedimiento usado, dado que con el 010 acudió a los tribunales "sin ni siquiera solicitar un requerimiento previo" y por pasar de uno o dos recursos por legislatura a la "media docena" de estos dos años solo contra el Área de Servicios Públicos y Personal.
Del mismo modo, la "intencionalidad política" se demuestra en que algunas de las medidas recogidas en el pacto convenio y recurridas llevaban vigentes 20 años.
Concretamente, a través de la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso-administrativo contra dos artículos del pacto convenio del funcionariado de Zaragoza: el que reducía la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales y el que ampliaba los permisos en casos de fallecimiento, enfermedad grave de familiar, matrimonio, bautizo, primera comunión o traslado de domicilio.
En este caso el ayuntamiento está a la espera de si el juez decreta algún tipo de medida cautelar, como pidió la Delegación del Gobierno, y, como en el resto, queda "esperar a que los tribunales decidan", ha indicado.
Con este último recurso, según Cubero, la representación del gobierno estatal en Aragón demuestra que "no quiere empleo público" y que lo que desea es "precarizar" las condiciones laborales de los trabajadores y reafirmarse en sus políticas "austericidas".
Mientras tanto, el gobierno de la ciudad seguirá defendiendo la creación de empleo, los derechos de los trabajadores, la remunicipalización de los servicios públicos y la lucha contra los paraísos fiscales en la medida de sus posibilidades, ha asegurado.
