La Delegación del Gobierno en Aragón ha reiterado hoy que el decreto del equipo de Gobierno del ayuntamiento de Zaragoza por el que las empresas condenadas por operar en paraísos fiscales no podrán presentarse a concursos públicos municipales vulnera la ley.

El consejero de Servicios Públicos de Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, anunció ayer que el Gobierno municipal no derogará el decreto en respuesta a un requerimiento de la Delegación del Gobierno.

En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno explica hoy que, en virtud de la Ley de régimen jurídico del sector público y la Ley de bases de régimen local, tiene la obligación de velar por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico estatal y de requerir a las entidades locales para que anulen sus acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico.

Según la Delegación del Gobierno, el acuerdo del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza vulnera la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de bases de régimen local al adicionar prohibiciones o incompatibilidades para los licitadores en procesos de contratación que se desarrollen en territorio español, lo que sólo se puede hacer por ley aprobada por las Cortes Generales.

Añade además que debe tenerse en cuenta que la legislación europea de mercado interior es muy detallada en estas materias e impone el respeto a ultranza de la libre competencia, de la libre concurrencia y de la eliminación de cargas administrativas.

En este caso, afirma la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento incurre en vulneración y extralimitación competencial al regular materias a él vedadas por la Constitución Española.