La decisión del alcalde, Pedro Santisteve, de controlar el 100% de las sociedades municipales, el ya conocido como «9-F», sigue generando polémica y agrandando las diferencias que existen entre Zaragoza en Común (ZeC) y el resto de partidos. Este culebrón se amplió ayer con un nuevo episodio cuando el portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, informó de que el secretario judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 ha admitido a trámite la demanda de ZeC interpuesta contra la decisión del pleno de «bloquear» las cuentas de las sociedades y la amplía de manera que afecta directamente a los 22 concejales de PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA que votaron a favor.

Muñoz solicitó -en nombre de su grupo- «auxilio judicial» ante la decisión plenaria del pasado mes de marzo de controlar las cuentas de las sociedades y solicitó la nulidad del acuerdo y su suspensión cautelar.

El secretario judicial ha amplíado la demanda que interpuso ZeC contra el ayuntamiento incluyendo a los 22 concejales que apoyaron esta moción presentada por el PSOE y acordada con el resto de partidos. Con lo que no contaba ZeC era con que esta iba a afectar de forma individual y directamente a los ediles de las formaciones.

CONSECUENCIAS

Según explicó Muñoz, recurrirá la decisión del secretario judicial al considerar que se trata de «un asunto política» que no debe extenderse a «la responsabilidad de los concejales». En realidad, la ampliación solo otorgaría «capacidad a los concejales de defender su posicionamiento». Será el propio juez el que se lo comunique.

La oposición recibió esta noticia después de haber acordado presentar ante el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, una queja relacionada con la decisión de Santisteve de no convocar la junta extraordinaria que solicitó el lunes, para que el alcalde explicase el contenido de la demanda judicial, anunciada por Muñoz en el pleno del pasado viernes.

Tras haber finalizado las 48 horas que estipula el reglamento para su celebración, PP, PSOE, Cs y CHA volvieron a unirse en contra de ZeC. Según la carta que Muñoz envió a los grupos municipales, «entre las funciones atribuidas a la junta de portavoces no se encuentra el asunto por el que se solicita la convocatoria». Es decir, el regidor se escuda en que fue Muñoz el que acudió a los tribunales, como portavoz de ZeC, y no del Gobierno municipal.

Para el portavoz del PP, Jorge Azcón, Santisteve ha «roto las reglas básicas del juego democrático». En este mismo sentido se manifestó el del PSOE, Carlos Pérez Anadón, que aseguró que el regidor y su equipo se «alejan de la cultura democrática y de la normativa del reglamento que obliga al alcalde a convocar la junta extraordinaria». «Esto no tiene parangón, no había sucedido nunca», precisó. Desde Cs, Sara Fernández explicó que, ante la decisión del primer edil, «se han visto obligados a elevar una queja ante el Justicia para que Santisteve cumpla el reglamento municipal».

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, lamentó que a ZeC «se la traiga al pairo» la norma y «la obligación» que tiene de atender las peticiones de los grupos de la oposición. Muñoz informó de que entregarán toda la documentación requerida por los grupos municipales.