La exhumación de los restos de dos hermanos de Calatayud fusilados durante la guerra civil y enterrados sin el conocimiento de su familia en el Valle de los Caídos sigue atascada a pesar de la sentencia judicial que así la dispone. Pero sus descendientes están dispuestos a llegar hasta el final para recuperar sus restos y han presentado una denuncia ante la ONU contra del Estado español por negarse a ejecutar la orden.
La nieta y sobrina nieta de Manuel y Ramiro Lapeña, María Purificación Lapeña Garrido, ha tomado la decisión de acudir al Comité de Derechos Humanos un año después de un fallo sin precedentes. «La sentencia fue completamente inesperada, pero después de tantas trabas hemos entrado en un estado de estupor», aseguró ayer.
La denuncia ha sido presentada por el abogado Eduardo Ranz por la «vulneración reiterada de la tutela judicial efectiva» ya que los descendientes tienen desde hace un año «el derecho judicial reconocido a dichas exhumaciones». El letrado pretende lograr «un fallo humanitario» que haga cumplir al Gobierno español la sentencia.
El representante legal pone sobre la mesa la «falta de sensibilidad» que las administraciones están mostrando con las familias, así como la vulneración de la tutela judicial efectiva de la demandante. «A día de hoy ningún ente público, administrativo o judicial ni persona alguna ha procedido al cumplimiento de la sentencia», indicó.
trato esquivo / Purificación Lapeña lamenta igualmente el trato «esquivo» que han adoptado las autoridades. A pesar de que el pasado mes de abril Patrimonio Nacional, el organismo público del que depende el monumento funerario, manifestó su voluntad de buscar los cuerpos no parece que esta intención se vaya a realizar con diligencia. «Aún no sabemos cómo ni cuándo buscarán los restos, siempre piden un informe más», denunció.
En el escrito presentado ante Naciones Unidas se detalla que España ha violado el artículo tres del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que se decreta que los estados miembros «se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto». Y en este sentido invoca el artículo 10.1 en el que se establece que toda persona privada de libertad «será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano».
La familia ha decidido acudir a esta alta instancia por diversos motivo. Uno de ellos tiene que ver con la elevada edad de Manuel Lapeña, hijo de uno de los fusilados, que espera desde hace tiempo una reparación al proceder del franquismo con su familia. «Tiene más de 90 años y es muy escéptico sobre el final del proceso», asume Purificación. Además, el pasado 14 de mayo se publicó un informe sobre el interior del Valle de los Caídos en el que se adjuntaban fotografías que probaban la viabilidad de la exhumación de restos del interior del mausoleo en el que además de los presos políticos también están enterrados el dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
derecho reconocido / En los últimos cinco años el caso de los hermanos Lapeña ha sido visto por un juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial (Madrid), la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Juzgado de Primera Instancia número 2 del Escorial y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. «Los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial a exhumar, ahora falta liberarles de su secuestro en un momento en que el asesino preside a los asesinados», asegura el abogado que espera poder culminar el proceso en la ONU.
