Varias entidades religiosas denunciaron ayer públicamente la expulsión exprés de un inmigrante marroquí vecino de Zaragoza, conocido como Abdul, que ya ha sido devuelto a su país a un mes de cumplir su condena. Las asociaciones, que gestionan el centro de empleo de inserción donde trabajaba Abdul, quisieron visibilizar con ello el incremento de esta práctica, que según confirmaron fuentes jurídicas está en auge, porque resulta "más ejecutiva" desde el punto de vista policial.
La ley permite este tipo de expulsiones, del calabozo policial directamente al avión o al ferry, para ciudadanos extracomunitarios y en circunstancias teóricamente excepcionales. Pero estas quedan a criterio de las brigadas de Extranjería. Y dado que el proceso requiere menos trámites, se está optando por él frente al traslado al CIE, que pese a la polémica que los envuelve ofrecen más garantías legales, aunque sea porque dan tiempo de maniobra al abogado.
En las expulsiones rápidas ni siquiera hay obligación de llamar al letrado, al ser un acto administrativo. Aunque, tras reiteradas quejas del Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante (SAOJI) del Colegio de Abogados de Zaragoza, se ha generalizado al menos la llamada al letrado. En el caso de Abdul, al parecer se produjo, tras detenerle el pasado 27 de mayo, pero no lo cogió, y no se avisó al turno de oficio.
Los allegados del expulsado indicaron otras peculiaridades del caso, ya que su orden de expulsión estaba recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que aún no se había pronunciado.
Además, destacaron que la expulsión se produjese a un mes de cumplir su condena de nueve años de cárcel por narcotráfico --la mitad ya en tercer grado--, y tras rehacer su vida con mujer, hija y un contrato laboral. Han dado aviso al Justicia de Aragón y tratarán de lograr la vuelta a Zaragoza de Abdul en el plazo más breve posible.
