La plataforma Salud Universal, integrada por sesenta organizaciones, denunció ayer que al menos 25 inmigrantes "con derecho a ser atendidos y a tarjeta sanitaria" han sido "privados" de ambas cosas desde la entrada en vigor del decreto ley, el pasado 1 de septiembre.

Entre esos casos figuran dos mujeres embarazadas o cuatro menores, mientras que el resto correspondería a enfermos crónicos. Todos estos colectivos deben ser, según el decreto, atendidos como si fueran asegurados, y disponer, así, de acceso a la sanidad pública "pero no ha sido así y, por lo tanto, se ha vulnerado su derecho", expuso el portavoz de SOS Racismo, José Luis Aliaga.

De hecho, la plataforma llega a asegurar que, en algún caso, "ya ha corrido serio peligro la vida de una persona que ha estado cerca de morir". Se refieren a una mujer, de 19 años de edad, que, como consecuencia de una enfermedad cardiovascular, "no pudo iniciar el tratamiento de sintrom prescrito por el médico después de someterse a una delicada operación y se le negó tanto la analítica como el tratamiento, por lo que tuvo que ser ingresada en la UCI del hospital Miguel Servet", subrayó Erika Chueca, portavoz de Médicos del Mundo.

Otros de los casos "dramáticos" denunciados por el colectivo afectan a un joven nigeriano al que, hace cuatro meses, se le diagnosticó VIH, "pero, a pesar de que le fue diagnosticada antes de la entrada en vigor del decreto y en un centro de salud aragonés se le ha negado un médico y la atención hospitalaria"y a un inmigrante en situación irregular que precisa de un trasplante de pulmón y al que también se le habría denegado el acceso al sintrom. "En estos dos últimos casos hemos conseguido que se les readmita en su centro de salud, pero esta situación refleja la desinformación y confusión existentes ante la aplicación de una normativa que vulnera el derecho a la sanidad de miles de inmigrantes y que ha entrado en vigor sin que previamente se valorara el impacto sobre la sanidad aragonesa", criticó Aliaga.

De hecho, el colectivo estima que, "ante la obligación de asumir un comprosimo de pago y la emisión de una factura", la opción de no asistir al centro de salud cada vez cuenta con más adeptos. "Miles de personas no van al médico y se está creando un grave problema social", apuntó Aliaga.

SANIDAD Desde el Departamento de Sanidad se negaron los datos facilitados por la plataforma porque "no se está produciendo ningún problema" y fuentes de la Administración aseguraron que "la única orden que se ha dado es la de atender a todo el mundo". En este sentido, recordaron que "los inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a tarjeta sanitaria" y que una persona que no firme en el centro de salud "no puede ser atendida" pero "que no firmen no quiere decir que tengan que pagar, pero el que puede hacerlo, que lo haga".