Un grupo de integrantes del Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales en situación de dependencia presentaron ayer en los juzgados de Zaragoza una denuncia contra el director provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Javier Gallardo, al considerar que él, como firmante de una notificación enviada a los perceptores de la ayuda, participa de una "privatización encubierta".

En dicho documento, según explica este colectivo que agrupa a personas afectadas por las dificultades de acceder a prestaciones de servicios sociales, se ofrece poder contratar la ayuda a domicilio de entre un listado de empresas privadas acreditadas por el Gobierno de Aragón. Los afectados consideran que se trata de una carta "arbitraria, injusta, inmoral y engañosa" y acusó al organismo de favorecer "la exclusión" de quienes tienen escasos recursos económicos.

En su denuncia, a la que ayer tuvo acceso este diario, aseguran que el escrito de Gallardo "induce al dependiente, en la mayoría de los casos de avanzada edad y con una pensión baja, a que se pague la ayuda a domicilio por privado y en contra de la ley que obliga a prestar este servicio por la administración pública", argumentaron. Además, apuntaron que, en caso de optar por la atención privada, "no se sabe cuándo" se produciría el reintegro por parte del IASS del dinero desembolsado, previamente, por los dependientes.

Por su parte, fuentes del Departamento de Sanidad aseguraron que es "totalmente falso" este hecho y explicaron que la carta que envió el director provincial del IASS se debió a "los obstáculos" puestos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza "hasta en tres reuniones" a la hora de firmar el convenio de ayuda a domicilio.

Dicho convenio incluye a las entidades comarcales y las no comarcalizadas, entre las que se encuentra consistorio. "Ante este escenario, y por no perjudicar a las personas dependientes por la actuación irresponsable y falta de disposición del Ayuntamiento de Zaragoza a firmar el convenio, se remitió la carta a los usuarios como solución alternativa y rápida para que pudieran optar por una prestación económica. El Ayuntamiento de Zaragoza ha convertido una cuestión de mera tramitación administrativa en una cuestión política", señalaron desde el Gobierno de Aragón.

"No se trata de privatización. La fórmula es totalmente legal y se implantó hace mucho. De hecho, la gestión de múltiples residencias de mayores la realizan empresas como por ejemplo Rey Ardid", añadieron.