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Servicios sociales

Denuncias de arbitrariedad en la tramitación del IAI

Los trabajadores sociales critican la política restrictiva de la Administración . Hay 3.000 solicitudes sin resolver y las esperas alcanzan los 8 y 10 meses

 

A. RILLO
28/11/2014

L os profesionales de los servicios asistenciales denunciaron ayer la actitud "restrictiva" "arbitraria" y "economicista" con la que la Administración autonómica tramita las solicitudes del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que le lleva incluso a extralimitarse en la exigencia de documentación, lo que contribuye a la acumulación de más de 3.000 expedientes sin resolver y agrava el riesgo de exclusión social, que en Aragón ya afecta a una de cada cinco personas.

La legislación establece un mes para resolver los expedientes, pero muchos solicitantes soportan esperas de 8 meses para la renovación y 10 para las altas.

Así lo expuso la plataforma de entidades en contra del actual funcionamiento del IAI, integrada por Cáritas, trabajadores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, miembros del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón y del Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales.

Según datos ofrecidos por Cáritas, el periodo más dramático de la crisis (2008-2012) ha hecho que la desigualdad aumente en Aragón un 22,4%, una evolución mucho más negativa que en el resto de España (8,6%) lo que ha llevado a la región a niveles de riesgo de exclusión de hace 20 años. En ese contexto, el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón denunció haber constatado extralimitaciones en la petición de documentación innecesaria y que no se tienen en cuenta los informes de los profesionales. "Hemos detectado que se realiza una labor de investigación extraordinaria que afecta a los principios éticos", denunció el portavoz del colegio, Javier Escartín, quien también alertó sobre la "disparidad de criterios entre las distintas direccciones provinciales.

"Existe una presunción de falsedad con los solicitantes, se les desincentiva a encontrar un empleo, se llega a pedir el empadronamiento a familias que han ocupado una vivienda y se deniegan ayudas con justificaciones que no aparecen en la normativa", criticó José Luis Domínguez, portavoz de la plataforma de profesiones del ayuntamiento.