Irene Gimeno, con una discapacidad psíquica del 34% y sin ingresos desde marzo --cuando se le acabó el IAI--, fue desalojada ayer de su casa de la calle Solidaridad, en el zaragozano barrio de Santa Isabel. Llevaba allí como okupa desde febrero, cuando el piso fue subastado. Fue a parar a la mujer con la que mantiene una deuda de unos 40.000 euros, cuyos abogados se negaron ayer a aplazar su desalojo diez días para que pudiese buscarse otro piso. Aun cuando la secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza, que tramitaba el lanzamiento, había consentido, según Stop Desahucios. Los representantes de la dueña se negaron, aunque en un gesto de "muy buena voluntad" le permitirán sacar sus enseres.

El desalojo contó con una fuerte oposición de la plataforma Stop Desahucios, que asumió el caso de Gimeno hace apenas una semana, según explicó una portavoz, Concha Cano.

Ayer, in extremis, lograron reunir la documentación que acreditaba que podía acogerse al convenio de la DGA, la FAMCP y Justicia para pagar un alquiler social. Pero no bastó para obtener una tregua. Gimeno, según explicaba ayer, recibió la notificación del desalojo hace diez días, pero no dispone de dinero para un alquiler convencional.

La Unidad de Intervención Policial sacó a rastras y a empujones --y sin aviso previo-- a decenas de personas que se atrincheraron en los portales, del edificio y de la vivienda, antes de permitir a la comisión judicial acceder, cerrajero mediante. Hubo una decena de heridos por los arrastres, y un par por porrazos cuando un grupo bloqueó una puerta por la que desalojaban.

Gimeno, que se irá a vivir con un amigo, sostiene que su esperanza "es Europa", una vez que la Justicia española ha rechazado sus denuncias por estafa. Según estas, interpuestas por su abogado, Fernando Díaz, un director de banca, que no podía darle un crédito al no tener nómina, la derivó a una familiar suya que le firmó un préstamo. Con unas condiciones que, sostiene, no eran las que le leyeron. Su deuda aumentó en 20.000 euros y su casa, puesta como aval, en manos de la prestamista. Su caso no es único, y los afectados están agrupados en la asociación Adevif.