La Audiencia de Zaragoza ha decretado el desahucio de un inquilino que denunció a su vez por vía penal a la propietaria del piso que ocupaba en la capital aragonesa por cortarle el suministro de agua después de no pagar varios de los recibos mensuales del alquiler.
La propietaria del piso interpuso una demanda civil contra su inquilino ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Zaragoza, que desestimó su petición al entender que no había lugar ni al desahucio solicitado ni al pago de las rentas adeudadas al no existir constancia formal de la celebración de un contrato. En su sentencia, rechaza los argumentos del tribunal de primera instancia y señala que a pesar de las «indudables dudas» que se derivan de la ausencia de un contrato formal y de recibos con el importe de la cuota alquiler, sí que tuvo lugar un acuerdo previo entre las partes.
Entienden los magistrados que debe tenerse como «cierto» que entre las dos partes se celebró un contrato de arrendamiento verbal, dado que el propio inquilino reconoció al interponer su denuncia penal que la mujer le cortó el suministro de agua potable a modo de coacción, tras no pagar varias de las cuotas.
