No se puede decir que no le ha dado de sí a Alberto Cubero el «culebrón venezolano», como lo denomina ya la oposición, de la municipalización del servicio de atención telefónica del 010 en el Ayuntamiento de Zaragoza. Más de dos años de parón a una licitación que él mismo metió en el congelador y que hoy podría verse obligado a desbloquear para adjudicarla directamente para que las 14 trabajadoras no sumen más de 5 meses sin cobrar. El responsable municipal de Servicios Públicos y Personal llega al debate definitivo sin tener atada una mayoría suficiente, con una oferta in extremis que mejoraría la calidad del servicio que se presta, las condiciones laborales del personal que lo hace y que, tras muchas idas y venidas, por fin admite que costaría 100.000 euros más que ahora.

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha tardado dos años, desde el 2015 que paralizó el concurso público para extermnalizarlo, en situar el debate en si merece la pena pagar más por el servicio -no obligatorio- más valorado por los zaragozanos a cambio de gestionarlo directamente, o seguir apostando por la empresa privada. Y situarlo, como él remarcaba ayer, en el debate «humano» más que en el político, que tan pocos resultados le ha dado con la oposición. Imponer medidas que luego paralizaban los tribunales o hablar de condiciones dignas de trabajo al personal. Encerrarse en la subrogación directa o replantearse una oposición más o menos inmediata que garantice el acceso en condiciones a una plaza que goce del mismo convenio municipal que rige a los 5.000 funcionarios de la casa.

En definitiva solo se trataba de poner en el debate una situación humana, la de 14 trabajadoras que se dejan la piel por dar un buen servicio y que, sujetas al convenio del telemárketing les reporta salarios escasos.

Así que Cubero ayer echó mano de dos informes más, y ya van unos cuantos, pedidos por Ciudadanos (C’s) en los que se confirmaba que costaría unos 100.000 euros más reactivar el concurso del 2015, ya que los 324.000 euros que cuesta ahora se transformarían en 424.000, y que municipalizar sería la opción más costosa, 442.000, pero a cambio le permitiría introducir mejoras. Eso, por supuesto, tras pactar con los sindicatos una modificación de la plantilla y la Relacíon de Puesto de Trabajo, generando 14 plazas, todas a tiempo completo y amparadas por el convenio municipal. Esto subiría el coste «un 10% o un 15%».

Entre las mejoras se contempla facilitar el acceso a personas con discapacidad auditiva con lenguaje de signos traducidos a escritura o actualizar la base de datos fiscal para permitir a las operadoras domicializar recibos por teléfono o hacer un cambio de domicilio; poder implantar el telepago; o hacer encuestas del barómetro de la ciudad.

De eso va el debate de hoy en la comisión extraordinaria de Servicios Públicos y Personal, el último capítulo de un culebrón en el que el héroe parece haberse convertido en verdugo y su imposición, en súplica.