Insoportable e insostenible, por supuesto. Cada semana las noticias que giran en torno a las dos grandes instituciones aragonesas, el propio Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Zaragoza, revelan la urgente necesidad de auditar ambas, de replantear sus objetivos, de centrar sus prioridades, de acabar con el viejo desmadre que cada año dilapida decenas y aun cientos de millones. Sin ese ejercicio de realismo y puesta al día, que no sólo atañe a los gobernantes sino también a muchos gobernados, será imposible atajar el déficit, atender a lo que que de verdad importa y sanear este ambiente cargado de recelos, trampas políticas y populismo barato.

Populismo, sí. El que a lo largo de los últimos decenios ha llenado los oídos de los aragoneses de cuentos, imposibles y mentiras. Esa demagogia infiltrada en la política de escaparate, la política sazonada de eventos, la política a la valenciana o a la andaluza (y ya me disculparán los amigos levantinos y sureños), la política, en fin, que capta voluntades y genera autoestima a precio de oro, con proyectos inviables, con planes de negocio trucados, con sobrecostes a todo trapo y con gestores incapaces.

Ahora mismo, el Ayuntamiento de Zaragoza se desliza por una montaña rusa judicial en la que compensaciones, contratas, concesiones y expropiaciones andan al retortero, sin que exista forma humana de predecir qué fallarán al respecto los tribunales. El alcalde Santisteve y los suyos se han visto atrapados en ese marasmo, que es la consecuencia de decisiones tomadas por sus predecesores. ZeC está intentando resolver la papeleta. Es difícil saber si lo hace bien, mal o regular. Pero es indudable que pelea contra una herencia desastrosa. Cuando al municipio le caen encima sentencias en firme (sobre asuntos que vienen de lejos) que implican pagos millonarios, no hay dios que saque a flote el presupuesto. Cuando las principales contratas (la de la limpieza con FCC y la de los autobuses con AUZSA) están sujetas a permanentes conflictos, reclamaciones, desembolsos oscuros y cosas parecidas es que algo se ha hecho muy mal.

El Gobierno de Aragón, por su parte, sigue sin saber qué hacer con el entramado societario que forma parte de la administración autónoma. Mientras negocia a cara de perro el pago de servicios sociales esenciales, debe inyectar más y más dinero en actividades perfectamente superfluas. Y todavía intenta mantener la ilusión popular dando continuidad o nuevos formatos a proyectos que tal vez sean interesantes (rehabilitar la estación de Canfranc, por ejemplo) pero que nadie sabe cómo podrían financiarse sin generar nuevos y espectaculares agujeros.

O alguien pone orden en este barullo, o las vamos a pasar de a metro.