La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a 22 personas por presuntos delitos de falsedad documental, estafa, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal en el marco de dos operaciones desarrolladas este año que continúan abiertas.
Las investigaciones se han saldado con la detención de 14 personas en el marco de la operación denominada "Los Alpes" e iniciada el pasado mes de enero, y otras 8 en la operación "Ortensia" que comenzó en marzo, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
La primera de ellas empezó cuando se detectó que un ciudadano español facilitaba contratos de trabajo y ofertas a extranjeros, mayoritariamente senegaleses que se encontraban en situación irregular en España, a través de la gestoría que regentaba.
Según las fuentes, los extranjeros cumplían los requisitos para acceder a permisos de residencia por arraigo social y el gestor les cobraba entre 200 y 1.500 euros por facilitarles un contrato para alguna de las empresa que administraba.
En ocasiones, este gestor actuaba en connivencia con los titulares de las empresas por él administradas, que aspiraban a acceder a diferentes subvenciones estatales o autonómicas por la contratación de ciudadanos extranjeros en riesgo de exclusión.
No obstante, en la mayoría de los casos, este gestor redactaba contratos y ofertas ficticias abusando de la confianza depositada en su gestoría por los empresarios que le habían encomendado la gestión y administración se sus negocios, falsificando las firmas de los titulares de las empresas administradas.
Alteraba también los domicilios sociales de las empresas para que, en el caso de que fuera denegada, la notificación llegase a su gestoría o domicilio, evitando que los titulares de las empresas pudieran llegar a tener conocimiento de estas prácticas ilegales.
Los 14 detenidos en esta operación son 4 empresarios de nacionalidad española y 10 ciudadanos senegaleses a los que se les imputan delitos de falsedad documental, estafa, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.
En ninguno de los casos, los ciudadanos extranjeros llegaron a formalizar relación laboral alguna ya que la mayoría de las empresas ni siquiera tenía capacidad económica para hacer contrataciones, según las fuentes.
Por otra parte, la operación "Ortensia" se inició en marzo cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red organizada integrada por ciudadanos de origen pakistaní y por empresarios españoles dedicados a la producción y recolecta de fruta en la zona de Caspe (Zaragoza), presuntamente relacionada con el favorecimiento de la inmigración ilegal y la falsedad documental.
Según las fuentes, estos empresarios cobraban entre 3.000 y 4.000 euros a extranjeros pakistaníes a cambio de un contrato de trabajo u oferta en alguna de las sociedades agrarias de las que eran responsables.
En otras ocasiones, los encargados de las fincas, de nacionalidad pakistaní, contactaban con compatriotas en su país de origen con deseos de trabajar en España y aumentaban la exigencia económica hasta los 12.000 ó 16.000 euros.
En esos casos, las víctimas ponían a la venta en Pakistán todas sus posesiones para hacer frente al pago y si aún así no alcanzaban la cantidad exigida terminaban viajando a España donde contraían una deuda con los responsables de la red que pagaban con entregas en metálico o detrayéndola de las nóminas mensuales.
Las gestiones eran conocidas por los propietarios de las explotaciones agrarias que recibían las cantidades de dinero o se evitaban pagar las nóminas acordadas.
La operación se ha saldado con la detención de 8 personas y la inspección de tres fincas agrícolas en colaboración con Inspección de Trabajo.
Según las fuentes, ninguna de las dos operaciones se da por concluida y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía continúa analizando la información recabada y nuevos expedientes.
