Un concejal del PAR de Valfarta, José Luis Labrador Barachina, fue detenido el viernes por la noche por la Guardia Civil, cuyos agentes intervinieron 38 gramos de cocaína en el coche en el que viajaba con otra persona.

El arresto se produjo la noche del viernes al sábado, cuando una dotación del instituto armado interceptó el vehículo en las afueras de Bujaraloz. Los agentes se encontraban efectuando un control rutinario en la carretera A-230, que comunica la localidad monegrina con Caspe, cuando dieron el alto al vehículo. Hallaron la droga al registrar el coche, en el que el concejal viajaba junto con otra persona cuya identidad no trascendió.

Labrador Barrachina ocupó el tercer puesto en la lista del PAR en las elecciones del 27 de mayo del 2007, en las que los aragonesistas sacaron los cinco concejales del ayuntamiento. En la anterior legislatura, en la que figuraba en el quinto lugar, también salió elegido edil. En octubre del 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo nombró juez de paz sustituto de la localidad monegrina.

La detención del concejal de Valfarta causó sorpresa en la comarca de Los Monegros, donde Labrador Barrachina era conocido tanto por su condición de edil como en los ambientes juveniles de la zona.

LEGISLACIÓN

El Código Penal castiga tanto las acciones de tráfico de drogas como la mera posesión cuando los tribunales consideran que la sustancia intervenida no está destinada al consumo propio sino que su destino es la venta, ya sea al menudeo o en bloque. En estos casos, las penas se extienden entre los tres y los nueve años de prisión, además del decomiso de los tóxicos --que son destruidos tras el juicio-- y la imposición de una multa que puede alcanzar el triple del valor del estupefaciente incautado.

El Código Penal contempla, entre otras agravantes, el hecho de que la persona declarada culpable de tráfico de drogas sea una autoridad pública, aunque únicamente en los casos en los que el reo cometiera el delito cuando "obrase en el ejercicio de su cargo", es decir, en el caso de que cometiera el acto punible mientras se encontrara ejerciendo el cargo público que ostente. Cuando se da esa situación, la condena de prisión puede ampliarse a doce años.