La Guardia Civil arrestó en Zaragoza a un soldado por haber colocado, presuntamente, microcámaras ocultas en los baños de su acuartelamiento, para espiar a sus compañeras. Pero al registrar su casa no solo hallaron archivos de este tipo sino también de carácter pedófilo, obviamente no castrenses, por lo que la investigación sobre él se escindió en las jurisdicciones militar y civil -concretamente del Juzgado Togado Militar número 32 y del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza- y continúa abierta en ambos.

Según publicó El Confidencial, el juzgado militar levantó el secreto de sumario sobre el caso recientemente. Pero ayer, tanto las fuentes castrenses como las de la Guardia Civil consultadas remitieron al Tribunal Togado Militar y al Ministerio de Defensa, negando en algún caso el levantamiento del secreto sumarial. Ninguna de ambas instituciones había contestado a este diario al cierre de esta edición.

Según el citado medio digital, fue una soldado del acuartelamiento del detenido quien, el pasado mes de julio, descubrió la microcámara mientras se duchaba, y denunció los hechos. El juzgado militar encargó a la Guardia Civil que investigase quién la había colocado allí, y no tardaron mucho en localizar al presunto autor. Pero no solo descubrieron eso.

Porque al registrar su casa, los agentes del instituto armado comprobaron que había grabaciones similares desde varias ubicaciones del acuartelamiento, por lo que o bien iba cambiando el dispositivo de ubicación o tenía varios colocados.

SIGUE EL RASTREO / Según la información publicada, continuarían buscándolos tanto en su acuartelamiento de destino como en otros a los que hubiese podido tener acceso durante su trabajo en Zaragoza.

Además de este tipo de archivos de carácter voyerista, también tenía en sus equipos informáticos archivos de pornografía infantil, por lo que las pesquisas continúan abiertas para comprobar si alguien se los pasó -y quién lo hizo-, si los distribuyó o incluso si los grabó él mismo. Lógicamente, la posible pena varía enormemente entre la tenencia y distribución de archivos pedófilos y su confección.

De esta parte de la causa se ocupa el juzgado de instrucción zaragozano, mientras el tribunal castrense, también de Zaragoza, se centra en los hechos ocurridos en los cuarteles. Estos, a priori, constituirían un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, que el Código Penal Militar castiga con entre seis meses y dos años de prisión.

El caso del soldado recuerda, salvo en los archivos pedófilos, al del profesor de un colegio zaragozano que fue condenado hace poco más de un año también por colocar cámaras en los aseos del centro escolar donde trabajaba, destinados a profesores y personal de administración. El hombre fue condenado a dos años de prisión y a pagar una multa de 2.700 euros por estos hechos.