Una denuncia ante la DGA por parte de dos exempleadas de la residencia de ancianos Hernán Cortés, en la capital aragonesa, ha derivado en la detención de sus dos actuales gerentes y del anterior por, supuestamente, saquear las cuentas corrientes de ancianos internos en el centro. Los arrestados, A. R. M. A., de 45 años; N. V. N., de 40 años, y su esposa L. N., de 30, están imputados por un delito de estafa penado con hasta tres años de prisión, si bien el hecho de que las víctimas estuvieran en una situación de vulnerabilidad podría agravar la condena a un máximo de ocho años.

A partir de la denuncia interpuesta por el Departamento de Derechos Sociales de la DGA, el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Zaragoza comenzó a analizar las cuentas corrientes, llegando a constatar que en la de un anciano, entre junio del 2015 a junio del 2016, se habían realizado reintegros de la cuenta por valor de 26.500 euros, cantidad que la Policía Nacional considera «desorbitada» para un anciano dependiente físicamente y que, además, tenía el pago de la residencia domiciliado. Esto ocurrió durante la gerencia de A. R. M. A., que en verano del año pasado dejó este geriátrico en manos del matrimonio compuesto por N. V. N. y L. N. Sin embargo, a pesar del cambio de administradores, según fuentes policiales, se mantuvo la misma práctica delincuencial. Los agentes resaltan un traspaso de fondos a la cuenta corriente del anciano por valor de 10.000 euros, en parte reintegrado mediante tarjeta.

Las indagaciones revelaron que durante el tiempo de regencia de A. R. M. A., este acompañaba al anciano a la oficina bancaria para realizar los reintegros. Ya en el banco, era el detenido el único que hablaba debido al deteriorado estado mental y físico del residente, según estas mismas fuentes. Con los nuevos responsables, este papel lo pasó a desempeñar, presuntamente, N. V. N. En el transcurso de la investigación se averiguó que a otra anciana de la residencia, que se encontraba en proceso de incapacitación judicial debido a su estado mental y que carecía de apoyo familiar, también le habían sido reintegradas cantidades elevadas de su cuenta corriente por parte del matrimonio.

Desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón destacaron que los tres sospechosos se habrían aprovechado del delicado estado de salud física y mental de varios residentes que, además, carecían de apoyo familiar. De hecho, paralelamente a las pesquisas, el Ejecutivo autonómico tuvo que recurir ante la Fiscalía para asumir la tutela de algunos residentes, ya que no tenían familiares que poder actuar como acusación.