Con la comisión de investigación de la sociedad Ecociudad ya aparcada tras la ronda de comparecencias, ayer los cinco grupos municipales se volvían a sentar para decidir quiénes deberían pasar por el Ayuntamiento de Zaragoza para aclarar la deuda que el Gobierno aragonés mantiene con la institución. Un paraguas amplio que se centra, casi en exclusiva, en la liquidación del convenio del tranvía. Y en si, como exige la ciudad, se le adeudan casi 40 millones por él, o si, como sostiene el Ejecutivo autonómico, serían solo 7,9. Una discusión para la que, no obstante, consideraron imprescindible citar hasta a nueve cargos actuales y pasados del PP, PSOE y CHA.
Los elegidos fueron: el consejero de Hacienda de la DGA y exvicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno; sus antecesores en el Ejecutivo autonómico, Javier Campoy y José Luis Saz de la etapa del PP de Luisa Fernanda Rudi (todos llamados por Ciudadanos) y, a petición de los conservadores, Alberto Larraz, de la etapa socialista de Marcelino Iglesias; los últimos responsables de Obras Públicas y Transportes, y ahora Movilidad y Vertebración Territorial, José Luis Soro (de CHA), Rafael Fernández de Alarcón (PP) y Alfonso Vicente (PSOE); y los exconcejales de Zaragoza Carmen Dueso -socialista y anterior teniente de alcalde de Servicios Públicos- y Antonio Gaspar -nacionalista y responsable de Urbanismo en el Gobierno PSOE-CHA de la legislatura 2003-2007-.
SEIS TÉCNICOS // Todos ellos serán «invitados», es decir, no es obligatorio que acudan, por más intencionalidad política que se dé a esta ronda de comparecencias que los grupos municipales decidieron iniciar el próximo 8 de junio y finalizar el 7 de julio.
Solo estarán obligados el actual responsable de Economía del consistorio, Fernando Rivarés, que comparecerá el 22 de junio; su coordinador de área, Miguel Ruiz; y el interventor municipal, Ignacio Notivoli, ambos abriendo esta comisión el 8 de junio y que fueron incorporados a la lista a petición de Zaragoza en Común (ZeC), junto a otros cuatro técnicos municipales: Piluca Tintoré, jefa de presupuestos; Ramón Betrán, responsable de Planificación Urbanística; Ramón Ferrer, director de Régimen Jurídico; y Julio López, que gestionó las certificaciones recibidas de la obra del tranvía de Zaragoza. Porque «interesa más el dato técnico que la defensa demagógica de unas siglas», señaló Rivarés, quien confió en que sirva para que «se reconozca la poca dignidad de algunos que cuando gobernaban la ciudad reclamaban 40 millones de euros y ahora ofrezca 7 alegando que no cuentan los vehículos, como si tuviéramos que ir por las vías haciendo footing», en referencia a Gimeno.
Los únicos que no propusieron a ningún invitado fueron el PSOE y CHA, que ayer subrayaron que «esto no es una comisión de investigación, sino de estudio» y que quizá la disputa por la deuda del tranvía se podría solucionar, como pedían los nacionalistas, con un mediador, que podría ser la Cámara de Cuentas. «Lo bueno sería que hubiera un tercero que hiciera de árbitro, antes de acabar en los tribunales», dijo el socialista Javier Trívez. Para Leticia Crespo, de CHA, es «positivo invitar a personas que puedan ayudar a esclarecerlo y, a la vez, respetar el derecho a asistir o no».
Sara Fernández, de C’s, confió en «aclarar los incumplimientos de los convenios», el del tranvía y el de los aprovechamientos no cobrados por Plaza y el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), y defendió que «cuando uno tiene claro por qué ha tomado las decisiones no debe temer a explicarlas». María Navarro, del PP, aseguró que los excargos conservadores «no tienen inconveniente en acudir», porque su partido «no tiene ninguna intención de bloquear nada» y que «ojalá sirva» para una disputa que es «una cuestión jurídica».
