Un mes después de las riadas que afectaron a los municipios de la ribera del Ebro provocando grandes daños materiales, el Gobierno de Aragón ya ha redactado el decreto por el que se establecen «medidas urgentes» para reparar los daños y las pérdidas producidas por los desbordamientos en la cuenca. El texto se aprobará mañana y cubrirá también los sucesos semejantes que puedan producirse por los mismos motivos hasta el final de este mes de mayo.

El decreto detalla que pueden solicitar las ayudas los vecinos afectados de 54 municipios. Y se asume que el impacto de los desbordamientos obliga a «la adopción inmediata de medidas adecuadas y debidamente coordinadas por parte de todos los poderes públicos». Esta necesidad de definir las competencias de cada una de las administraciones hace que no se establezca la cuantía exacta que supondrán estas ayudas. La financiación se hará con cargo al fondo de contingencia del presupuesto autonómico de este año y con bajas en créditos de la sección 30.

En los próximos meses la DGA amparará ayudas, subvenciones e indemnizaciones para resarcir daños que van desde las viviendas hasta a las explotaciones ganaderas y agrícolas, pasando por las insfraestructuras públicas, los daños ambientales, las carreteras o los establecimientos turísticos. Para lograrlo, se habilitan competencias en la materias a cinco consejerías diferentes. El objetivo es «volver a la normalidad».

CUANTÍA POR DETERMINAR

Para determinar el importe exacto que se necesitará es necesario esperar a que los seguros realicen los balances de daños. Por el momento, el consorcio que agrupa a estas entidades calcula una cifra provisional de quince millones de euros para los 1.500 bienes dañados.

La mayoría son viviendas, seguidas de las instalaciones agrícolas y ganaderas, así como las obras civiles o los complejos industriales. Los daños más cuantiosos de produjeron en la comarca de la Ribera Baja del Ebro.

Otro de los aspectos que se contempla es la compensación por parte de la DGA de cuotas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del presente ejercicio que ya se ha pagado a los ayuntamientos. Serán las correspondientes a viviendas y fincas rústicas dañadas como consecuencia directa de las inundaciones.

Más allá de los daños materiales que provocaron las inundaciones, el decreto que ha preparado el Gobierno de Aragón quiere resarcir las molestias que provocaron los desalojos preventivos. En este sentido, se presta especial atención a las personas en situación de dependencia que tuvieron que abandonar de forma temporal sus residencias habituales. La DGA establece que será el Instituto Aragonés de Servicios Sociales la entidad que sufragará los gastos que se puedan derivar de este cambio.

Además, en los casos en los que sea necesaria la asignación de un recurso permanente por no ser posible la recuperación de la residencia, las personas dependientes o con un grado de discapacidad reconocido tendrán derecho a una asignación preferente.