Después de que los Agentes de Protección a la Naturaleza (APNs) hayan confirmado que detrás de los dos últimos incendios forestales acaecidos en Valderrobres (Teruel) y Torre la Ribera (Huesca) está la mano del hombre, la DGA reconoce que la comunidad está en alerta por el riesgo este tipo de actos intencionados.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, advirtió ayer en rueda de prensa de la gravedad de los hechos y anunció que desde el Ejecutivo «se va a extremar la vigilancia a través de los técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, así como de la colaboración con la Guardia Civil.

Las investigaciones de los APN revelaron que los puntos de origen de ambos fuegos se corresponden con lugares sin actividad agrícola o ganadera, sin tendidos eléctricos y que los incendios no fueron consecuencia de una negligencia o causas naturales como los rayos o la sequía.

10 DÍAS

Aragón ha registrado en los primeros diez días del mes de diciembre nueve incendios con más de 200 hectáreas quemadas cuando, según recordó Olona, quien apuntó que «el promedio de los últimos años es de ocho incendios para todo el mes, con superficies quemadas insignificantes». «Aunque los fuegos no fueron catástrofe gracias a los efectivos, no dan por extinguida esta acción delictiva que atenta contra el medio ambiente y pone en peligro la seguridad de las personas y sus bienes», apuntó el consejero.

Olona también quiso salir al paso de las acusaciones que apuntan a que la DGA ha desmantelado el operativo forestal. Lo negó y aseguró que «este mes de diciembre hay 485 personas más de las que hubo el año pasado». ctualmente, el operativo forestal está compuesto por 962 personas, de las cuales 544 están contratadas por la empresa pública Sarga y 418 corresponden a los medios propios del Gobierno de Aragón entre los que se encuentran técnicos, APNsy conductores, según Olona, quien insistió en que el Ejecutivo autonómico, a través de Sarga, «gestiona los medios que integran el operativo forestal atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y seguridad, y no al de intereses de ningún colectivo profesional en particular».

Apuntó que «todos los trabajadores de Sarga pueden ser movilizados para un incendio si se considera necesario, puesto que quienes desarrollan trabajos selvícolas no han cambiado su categoría profesional» y que, para ello, basta con una declaración de excepcionalidad.

Si el Gobierno de Aragón ha recurrido a los medios de otras comunidades o del Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido porque «son medios públicos altamente especializados y su colaboración, que no se traduce en ningún pago, está justificada técnicamente», apuntó el consejero. La DGA insistió en el «uso racional del gasto público».