El Consejo de Gobierno aprobó ayer el contrato de concesión de obra pública del nuevo hospital de Alcañiz que asciende a 451 millones de euros que se comenzarán a pagar en 2018 hasta el 2037.

El contrato es para la adecuación del proyecto de ejecución, la construcción de la infraestructura sanitaria, financiación, prestación de servicios asociados a la disponibilidad de la misma y explotación de determinados servicios no clínicos, recordaron fuentes del Ejecutivo.

El inicio de las obras está previsto para el ejercicio 2015 y el periodo de explotación de la concesión comienza en el 2018 y finaliza en el año 2037.

La Administración recordó que, previamente al trámite contractual, se realizó un estudio de viabilidad económico-financiera que evaluó los costes necesarios tanto para la construcción de la infraestructura como para poner en funcionamiento el hospital.

Según el Salud ,"resulta necesaria la construcción de un nuevo centro hospitalario en Alcañiz que ofrezca un mejor servicio a los ciudadanos en cuanto a consultas externas, urgencias, intervenciones quirúrgicas, ingresos hospitalarios y evite el traslado de los pacientes a otras localidades".

Tras la aprobación, ayer, en el Consejo de Gobierno, la licitación se publicará hoy en el Boletín Oficial Europeo, así como en el portal de contratación, momento en el que se abre un plazo de 40 días para la presentación de ofertas.

OPOSICIÓN

Por su parte, IU exigió "explicaciones" a la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, y su comparecencia urgente en las Cortes de Aragón. Para la portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin, "el paso que ha dado el Ejecutivo confirma la apuesta por la privatización de la sanidad pública aragonesa, y que está abanderada por su máximo responsable en la materia, el consejero Ricardo Oliván".

En cuanto al gasto, Izquierda Unida denunció que el Gobierno de Aragón "no tiene ningún problema en hipotecar hasta 2037 la salud de la ciudadanía del Bajo Aragón". Por todo ello, IU exigió a la DGA que desista y que licite "esta infraestructura básica con recursos propios para garantizar su titularidad pública y la gestión directa del mismo, utilizando el modelo de contratación tradicional para no ocasionar agravios comparativos".