El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) financiará 250 plazas en residencias locales y comarcales que se destinarán a personas dependientes de grado 2 (dependencia severa) y 3 (gran dependencia) que no estén recibiendo prestación. Lo hace a través de un convenio firmado ayer con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) al que la DGA destinará, en principio, 1,5 millones de euros.

Los usuarios que resulten beneficiarios deberán aportar el 80% de sus ingresos mientras que el resto hasta los 1.200 euros en los que está establecido el precio de una plaza residencial, lo financiará la Administración.

A través del convenio, a cuya firma asistió el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se realizará una convocatoria destinada a personas con dependencia y que no estén recibiendo ninguna prestación de las que prevé la ley para que puedan ingresar en alguna de las 52 residencias de titularidad municipal o comarcal.

MÁS DE 20 // De momento, una veintena de ayuntamientos -entre ellos el de Alfamén- y tres comarcas -una de ellas La Litera- ya han aprobado su adhesión al convenio, cuyo objetivo es disminuir la lista de espera de personas en situación de dependencia, establecer mecanismos de colaboración público-privada para la mejora de la calidad de vida en el medio rural y, además, crear empleo.

Esta nueva convocatoria, según explicó la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, no afecta al actual marco de plazas concertadas, en el que participan ya algunas de las residencias que se pueden acoger ahora al convenio.

Para muchas de ellas, aseguró, este acuerdo supondrá «su propio mantenimiento», añadió la titular del departamento, que recordó que, en la actualidad, 52 municipios o comarcas disponen de residencia pública y, por tanto, podrían acogerse al convenio firmado ayer. Por su parte, la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, que firmó el convenio junto al gerente del IASS, Joaquín Santos, enfatizó que estas iniciativas hacen posible que los ciudadanos puedan acceder a los servicios «vivan donde vivan».

Por su parte, Javier Lambán, valoró la «reversión» de la aplicación de la ley de dependencia que «fue un derecho especialmente pisoteado por el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, que la dejó en una situación absolutamente alarmante, decepcionante y angustiosa», dijo.

«Se está produciendo un giro a la izquierda en las políticas sociales y particularmente en dependencia. Y estamos orgullosos», aseguró Lambán.