El secretario general técnico del departamento de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha asegurado que la no renovación de conciertos en la educación concertada responde a un proceso de planificación, basado en la legalidad y en el que el empleo está garantizado.

Así lo ha explicado a los medios con motivo de las reuniones de las comisiones provinciales de conciertos celebradas hoy, en las que se ha propuesto modificar el concierto educativo en once aulas de Primero de Infantil de colegios privados de Zaragoza capital y en dos de la provincia, y rechazar los conciertos con las escuelas Montearagón y Sansueña.

La decisión afecta a los colegios Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, La Anunciata, Salvador (Jesuitas), Santa María del Pilar (Marianistas), Virgen de Guadalope, San Antonio de Padua, María Auxiliadora, Teresiano del Pilar, Santo Domingo de Silos y La Salle Montemolín en Zaragoza capital, al San Gabriel de Zuera y Nuestra Señora de la Esperanza, de Pina de Ebro, que pierden una vía cada uno.

En el caso de los dos primeros, el director general de Educación, Ricardo Almalé, ha explicado que en la zona de escolarización a la que pertenecen, la 1, se ha perdido más de un 30 % de alumnado de Primero de Infantil desde 2011, de hecho, en el curso pasado se ofertaron en la zona 1.008 plazas para menos de 700 alumnos.

Una disminución de escolares que supuso en la pasada legislatura que la escuela pública perdiera once vías, pasando de 39 a 28, mientras que para el próximo curso se dejan de renovar dos vías en la concertada.

Además, Almalé ha recordado que el Sagrado Corazón de Jesús tiene tres veces menos alumnado con necesidades especiales (Acneae) que la media de la zona y contaba con cuatro vías cuando todos los de su subzona tienen dos o tres.

En general, la mayoría de los centros en los que se reducen las vías o no responden a las necesidades de escolarización en su zona, cuentan con menor número de matrícula media en la zona, están sobredimensionados como el Santo Domingo de Silos, centro que en los últimos quince años ha perdido 90 unidades de forma "natural", o están en una zona donde se garantiza la libertad de elección como el caso de La Salle Montemolín.

En otros casos como el de Marianistas o el San Gabriel se justifica la medida por el gran porcentaje de alumnado que vive a más de un kilómetro del centro, 80 de 88 en el primero y casi la mitad de las solicitudes que recibió el pasado curso el segundo.

En Pina el motivo es la falta de población escolar en el municipio para mantener un centro público y otro privado concertado, ya que este último ya tenía un aula mixta con dos cursos en una misma clase.

Pese a la existencia de una sentencia que obligaba al Gobierno de Aragón a atender la solicitud de concertación de los colegios Montearagón y Sansueña, recurrida ante el Supremo, Almalé ha explicado que la decisión de no concertar no afecta a ninguno de los alumnos matriculados ni repercute en los docentes, que tienen garantizado un acuerdo de recolocación.

El secretario general técnico ha explicado que la decisión se ha tomado en la fase de renovación de conciertos y se ha basado en el cambio sustancial de la situación en Zaragoza por la caída de la población infantil y ha insistido en que "no es un proceso de racionalización económica", motivo por el que no se va a ver afectado el profesorado, cuyos salarios suponen el 80 % del importe de la concertación.

En las provincias de Huesca y Teruel se mantienen las unidades concertadas porque el descenso demográfico y la distribución del alumnado es distinta y lo permite.

En el caso del aumento de aulas que se ha registrado en la escuela pública, Faci ha informado de que responde a la reducción de la ratio por aula, que se ha aplicado tanto en la pública como en la concertada, y a la construcción de nuevos colegios en la zona sur de la capital aragonesa.

Respecto al anuncio de las organizaciones defensoras de la enseñanza concertada en Aragón de que recurrirán a los tribunales por el cierre de estas trece aulas, Faci, además de informar de que todavía es una propuesta, ha recordado que cada uno puede ejercer las acciones legales que determine igual que el Gobierno de Aragón "hará la defensa que considere oportuna" porque además es una planificación basada en la legalidad.