El Ayuntamiento de Zaragoza daba la pista esta semana de la que será una de las mayores transformaciones en materia económica en la que está trabajando el Gobierno de Aragón a corto o medio plazo: la futura financiación local se regulará por ley con un blindaje de los municipios que les mantenga fuera de peligro de turbulencias por la crisis o de cambios de Gobierno en el Pignatelli.

El Ejecutivo autonómico trabaja ya, mano a mano con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en un texto que aúne las voluntades de todos y que tiene como mínimo común denominador una asignación mínima que estabilice los ingresos de los ayuntamientos.

Todavía no han puesto cifra a esa especie de renta básica local que partirá de la denominada Participación de los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA) en Aragón, porque el punto de salida ahora es la negociación con los municipios. Sigue el modelo estatal que reparte ingresos entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero con variantes.

Por ejemplo, recoger sus sensibilidades y asegurarles otra pata fundamental de esa apuesta política: reflejar las especificidades de cada localidad. Así que el futuro texto incluirá criterios de población, superficie, edad..., y también índices de concentración de habitantes en el núcleo urbano o dispersión de la población respecto a servicios esenciales y despoblación.

PAPEL COMARCAL Es decir, se trata de dar cabida a los problemas que tiene un pueblo con pocos habitantes en el que la gran mayoría de sus servicios se gestionan --y seguirá haciéndose-- desde las comarcas porque hoy no es una competencia propia, con los de localidades que sufren la concentración de población, como puede ser cualquiera de los municipios del entorno de Zaragoza o la propia capital aragonesa.

Se trata de reordenar los ingresos que ahora se prestan y complementar aquellos casos en los que se dan circunstancias excepcionales. Y es que hay que atender las quejas de Zaragoza que, por ejemplo, reclama un fondo de capitalidad que sirva para compensar los servicios que presta y de los que se benefician muchos habitantes que viven --y tributan-- en municipios del entorno.

O los de esta área metropolitana que por el mero hecho de no estar constituida la comarca 33 se queda fuera del reparto de financiación para de los entes supramunicipales y solo se nutren del fondo local de la DGA, las aportaciones de la diputación provincial o de programas y convenios que les aportan financiación.

Esta es la tercera pata de la negociación que se está llevando ya a múltiples bandas en Aragón. Las tres diputaciones provinciales han accedido a que Aragón regule por ley un reparto de ingresos entre los municipios que hoy no atiende a esas especificidades del territorio. Dejar la arbitrariedad en la asignación económica y pasar a un blindaje duradero de su contribución a los respectivos presupuestos municipales ya representa un avance. Que ellas acepten, aseguran desde la Diputación General de Aragón, lo es aún más.

NUNCA A LA BAJA El indicador principal de esta PICA en Aragón será esa cuantía mínima que ya por ley nunca más podrá negociarse a la baja. Aunque la economía vaya mal, es un mínimo irrenunciable. Y si crece y la recaudación de la comunidad autónoma lo nota en sus ingresos, los municipios también lo notarán. Fijar una cifra, por ejemplo un porcentaje de sus cuentas para el ejercicio, para participar de esos ingresos sería una solución. ¿Cuál? Deberán consensuarlo.