El Gobierno de Aragón presentó ayer en la mesa técnica que aborda la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) una lista con diez criterios generales sobre los que fundamentar un futuro acuerdo. Tras una primera lectura del documento, los representantes del sector crítico al tributo consideraron que se refieren a cuestiones «tan generales» con las que creen difícil estar en contra. «Solo se aborda la filosofía, con esto no se puede avanzar más», expresó el portavoz de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), José Ángel Oliván.

En este decálogo la DGA llama a buscar la «racionalidad y la simplicidad en la gestión del tributo», así como a aplicar los principios de solidaridad y corresponsabilidad. También se reclama una «contribución» a todos los ciudadanos y se señala que los usuarios vulnerables deben tener protección, aunque sin olvidar la necesidad de incentivar su consumo responsable. «En principio todos los asistentes han afirmado su conformidad con las líneas propuestas si bien se ha solicitado un plazo para su análisis y consideración con las organizaciones a las que representan», aseguró la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba.

En la reunión, en la que el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a estar ausente, ya se adaptaron algunas de las cuestiones que planteó la DGA en el borrador inicial. Por ejemplo, se renunció a calificar el resultado como «tributo» teniendo en cuenta que algunas de las posibilidades que están sobre la mesa barajan que una parte se cobre como tasa.

Por otro lado, la DGA avanzó que en Zaragoza se han pagado 249.210 recibos, lo que supone el 69,57% de todos los emitidos. Siguiendo con el procedimiento administrativo, al final de la próxima semana se enviarán las notificaciones de acuse a los contribuyentes de los que el IAA no tiene la certeza de que la hayan recibido con ocasión del primer envío. Los que han recurrido el tributo, aunque no lo hayan pagado, se dan como enterados.