Desde el cambio de Gobierno, hace casi tres años, DGA y Universidad de Zaragoza caminan de la mano en numerosos asuntos. El reencuentro entre ambas instituciones tras el divorcio de la pasada legislatura, en la que, por primera vez, el Rectorado llevó a los tribunales (aunque finalmente fue retirado el contencioso) al Ejecutivo autonómico por incumplir el acuerdo de financiación-, volvió a quedar patente ayer. El rector José Antonio Mayoral y la consejera Pilar Alegría volvieron a edificar, en la celebración de San Braulio, patrón de la universidad -aunque en realidad fue el pasado lunes-, un frente común para presionar al Estado para que adopte medidas de mejora en materia de financiación y de personal.

Ambas instituciones reclaman al Gobierno central una partida para compensar el anunciado incremento salarial de los funcionarios (categoría a la que pertenece parte de los trabajadores del campus público). «Espero que rija el principio de lealtad institucional y que se destine a las comunidades la partida suficiente para compensar esa subida de sueldo porque tanto comunidades como universidades públicas deben asumir eso y espero que el Estado destine a Aragón las cantidades necesarias para hacer frente a esos compromisos porque, si no, será un problema para la comunidad y también para nosotros», expuso el rector.

Alegría también lanzó un claro mensaje a la Administración central en este sentido. «La medida es positiva y espero que esa senda alcista no se abandone pero agradecería una compensación a las comunidades para hacer efectivo ese incremento. A veces, el Gobierno de España invita, pero luego no paga», expuso.

La reivindicación también alcanzó a la estabilidad del personal. Ambas instituciones reclamaron un cambio en la actual normativa para combatir la alta temporalidad de docentes e investigadores. El rector apeló al informe del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, que refleja que el 44% del personal docente e investigador de la universidad es temporal y, de este, el 87% asociado. «Esto refleja un problema normativo que estamos trabajando con la DGA hasta donde este puede porque la llave real la tiene el Parlamento, ya que la LOU (Ley Orgánica de Universidades) precisa de una revisión que debe ser promovida por el Gobierno central», indicó Mayoral.

Asimismo, Alegría recordó que el personal acreditado cumple «los estándares internacionales y con la angustiosa tasa de reposición se ha visto mermado».

Por otra parte, Mayoral, que cumple dos años como rector, admitió su preocupación por mejorar la oferta de másteres y en potenciar las dobles vías.