El gobierno aragonés ha cerrado esta semana un acuerdo unánime con los sindicatos que integran la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales (CC.OO., CSIF, UGT y Cemsatse) que establece una ambiciosa hoja de ruta para la actualización de las políticas de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud.

El acuerdo se ha logrado veinte años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, indican fuentes del ejecutivo autonómico en una nota.

El acuerdo, que será ratificado por el Consejo de Gobierno, establece plazos concretos para avanzar en la implantación y desarrollo de la política preventiva.

Antes del 30 de septiembre de este año se presentará una propuesta de plan marco para la integración efectiva de la prevención de riesgos y la promoción de la salud en la administración autonómica.

Después, los diferentes departamentos y organismos públicos elaborarán, actualizarán y aprobarán los planes de prevención correspondientes a su ámbito de actuación antes del 31 de diciembre y también antes de fin de año se negociará con los sindicatos la renovación del actual modelo normativo.

Además, a la futura Ley de Función Pública, actualmente en fase de anteproyecto, se incorporará una referencia explícita al derecho a la protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos, así como las correspondientes previsiones sobre las obligaciones en la materia y las consecuencias de su incumplimiento.

También hay fecha para asumir progresivamente la práctica de los exámenes de salud de todos los empleados públicos con medios propios de la administración, proceso de internalización que se completará antes del 31 de diciembre de 2017.

De esta forma, añaden las fuentes, el Gobierno de Aragón "afirma y fortalece" su compromiso con la seguridad y la salud de los más de 50.000 empleados públicos que prestan sus servicios en la administración y el sector público de la Comunidad Autónoma, en colaboración directa con los representantes sindicales, que participarán en el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de este acuerdo.