El Gobierno de Aragón espera tener redactada una ley de memoria histórica a finales del próximo año. El presidente Javier Lambán se reunió ayer con los portavoces de las principales asociaciones memorialísticas de la comunidad para recabar la opinión de estos colectivos sobre el alcance de la norma, que anticipó «ambiciosa».

El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, Enrique Gómez, en representación también de Asociación Pozos de Caudé, Foro por la Memoria, Fundación Bernardo Aladrén, Círculo Republicano del Alto Gállego, Charata y Arico, destacó la voluntad de colaboración que han encontrado en la DGA ya que por primera vez han encontrado «un rayo de esperanza» en las administraciones públicas. «No se puede trabajar de manera deslabazada ni descoordinada en función del color político del gobierno», denunció.

La futura ley de memoria democrática regulará y facilitará las exhumaciones de cadáveres, así como la elaboración de un censo de víctimas y de fosas o la puesta en marcha bancos de ADN para la identificación de los asesinados o de los niños robados. También se profundizará en la educación de los alumnos de Secundaria y Bachillerato, con contenidos relacionados que ya se están impartiendo.