Los nueve consejeros del Partido Socialista representados en el Consejo Interterritorial que se celebra hoy en Madrid pedirán al Gobierno de España que derogue el decreto del 2012 en el que el PP estableció reformas en el sistema sanitario para garantizar su sostenibilidad. Entre ellos se encuentra el responsable del ramo en Aragón, Sebastián Celaya, que como primera actuación de su consejería anunció que "devolverá la sanidad pública y universal a todos los aragoneses".

Celaya explicó ayer que aunque se exigirá la derogación de la norma, desde el PSOE "temen" que el PP no les atienda. "Ellos mismos han reconocido que fue un error aprobar ese decreto porque lo único que ha hecho ha sido poner en riesgo todo lo que se había conseguido hasta ahora", criticó el consejero, que matizó que en Aragón se van a dar las instrucciones "rápidamente" a los centros de salud para que puedan comenzar a atender a todo el mundo. Celaya anunció que hoy en el interterritorial estarán acompañados de ciudadanos y asociaciones en defensa de la salud universal que apoyan esta derogación.

Estas normas están por precisar, aunque se anunciarán hoy en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo encargará a Celaya que dicte las órdenes necesarias para que "todo el mundo" tenga asistencia gratuita en la comunidad. El consejero ya anunció la pasada semana --puntualizando el anuncio de Pablo Echenique-- que no se producirá una devolución de la tarjeta sanitaria, sino que se facilitará "un documento de tipo provisional". Hasta que el Ejecutivo nacional no retire la norma no podrá reentregarse la tarjeta a todos los beneficiarios que la perdieron en el 2012.

PRECISAR LA NORMA

En cualquier caso, y para que no se produzcan problemas a la hora de ejecutar esta medida, desde la consejería de Sanidad se están ultimando las normas que los centros de salud deben seguir para dar cobertura a todo el que lo necesite, disponga de tarjeta sanitaria o no. "Conviene especificar bien para que luego la normativa no dé lugar a equívocos. Son normas muy concretas", apuntó Celaya, que explicó que se producirá una "aplicación inmediata" por parte de los centros de salud en cuando hayan precisado cómo se va a llevar a cabo la prestación farmacéutica, por ejemplo, o cómo se coordinará la atención a los usuarios de la comunidad europea, ya que "no entran en el mismo cupo que los ciudadanos sin papeles".

ASIGNACIÓN COMÚN

Celaya no quiso anticipar ayer, por falta de concreción todavía, cómo se ejecutará la medida, pero la semana pasada ya precisó que a los beneficiarios de este documento provisional "se les atenderá igual y se les asignará médico de familia como a cualquier otro usuario".

Probablemente, el Gobierno aragonés tendrá hoy ya aquilatada la cifra de cuántos beneficiarios recuperarán la sanidad universal. El consejero aseguró ayer que los técnicos están trabajando para cerrar el número concreto, aunque los datos proporcionados estos días apuntan a que unas 10.000 o 12.000 personas podrían obtener ese documento provisional. Es una cifra difícil de concretar porque hay usuarios que no están registrados en ningún lugar, ya que muchos de ellos no están empadronados", dijo Celaya.

En cuanto al coste que podría suponer esta medida al Gobierno aragonés, el responsable del ramo dijo ayer que "más que un problema económico es más algo de justicia social". No indicó el presupuesto total que se dedicará a la atención primaria en los centros de salud de Aragón en este sentido, aunque sí que volvió a repetir la crítica a la gestión del Ejecutivo nacional: "Tener a gente sin control que puede tener enfermedades y que puede ser un peligro para la salud pública de la ciudadanía, se ha demostrado que supone mayores costes".