El Gobierno de Aragón habilitó ayer a la dirección general de Servicios Jurídicos para ejercer «todo tipo de acciones» con las que frenar las transferencias de aguas del canal Segarra-Garrigues y por extensión «sobre cualesquiera concesiones o autorizaciones» que se fundamenten en la orden del Ministerio de Medio Ambiente del 2010 a través de la que posibilitó el actual plan catalán desautorizado desde Aragón.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, se mostró «preocupado», como impulsor de la iniciativa, por considerar que el Gobierno de Aragón está actuando tras los pasos de las informaciones publicadas en los medios de comunicación. «La colaboración institucional no puede basarse en notas de prensa», denunció. Y señaló directamente al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por considerarlas las dos instituciones al tanto de las pretensiones trasvasistas de Cataluña.

El consejero también denunció que el Gobierno catalán considere «irrenunciables» las transferencias a cuencas internas, algo que en su opinión impide abordar un debate sobre los usos del agua. «Para nosotros esta actitud es inadmisible», replicó.

En las últimas jornadas la consejería de Desarrollo Rural ha mantenido algunos contactos con el consejero de Territorio y Sostenibilidad catalán, Josep Rull i Andreu, aunque no se esperan mayores avances por la vía del diálogo.

OBLIGACIÓN ESTATUTARIA

Las futuras acciones judiciales que se emprendan desde los servicios jurídicos están fundamentadas, según el consejero Olona, en una obligación estatutaria recogida en los artículos 72.2 y 72.3. «No se trata de cuestiones subjetivas ni de valoraciones de carácter personal», precisó. En los puntos citados se detalla que Aragón «participará y colaborará» en la planificación hidrológica. También en los órganos de gestión estatal y en los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas intercomunitarias que puedan afectar a la comunidad.

Los fantasmas trasvasistas en Aragón se han despertado de nuevo al trascender la decisión de la Generalitat de Cataluña de realizar una obras de conexión desde el canal Segarra-Garrigues, que se abastece con aportaciones del río Segre (uno de los afluentes del Ebro) a municipios de las comarcas de Segarra, I’Urgel, la Conca de Barberá y I’Anoia. Algunos municipios de estas dos últimas comarcas, situados en as cuencas internas catalanas.

El proyecto se ampara en la orden ministerial del 2010 que la DGA considera «inexistente» y sobre la base de anteriores autorizaciones de transferencia de caudales de carácter temporal y transitorio que para el Ejecutivo están «ya caducadas». De hecho, en el caso de que el proyecto salga adelante adviertes de que se realizaría «en precario y sin los adecuados mecanismos de control para supervisar y garantizar las condiciones en que se efectúa la transferencia de caudales».

La DGA también ha recurrido otras decisiones previas similares impulsadas por las autoridades catalanas como el plan de cuenca para el periodo del 2016-2021 y el plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. En los dos casos creen que se extralimitan en sus funciones.