Cuando todavía está viva la polémica por la mercantilización de la asistencia a maltratadas, el Gobierno que preside Javier Lambán estudia también reestructurar las labores de sus servicios jurídicos. Concretamente, planea que su cuerpo de abogados deje de asistir a las 43 empresas públicas participadas directa o indirectamente por el Ejecutivo autonómico. De llevarse a efecto esta idea, serían los asesores legales de cada una de estas sociedades los que acabarían asumiendo esta labor. Un cambio que ha despertado recelos en algunos sectores por considerar que es una "externalización encubierta".

El nuevo escenario sería que el trabajador contratado por estas sociedades no solo visaría jurídicamente los diferentes informes, sino que también tendría que defender los intereses de estas empresas en un proceso judicial. Incluso en la vista, si se celebrase. Una concepción que, según fuentes consultadas por este diario, no tiene en cuenta la diferencia --no solo conceptual-- entre un contratado laboral y un funcionario de carrera, que debe pasar una oposición para ganar su plaza y cuyo puesto laboral no corre peligro, por ejemplo, si se opone a una decisión procedente de la gerencia.

Por otro lado, señalan las mismas fuentes, algunos de estos licenciados en derecho no están inscritos en un colegio profesional de abogados, condición indispensable para poder representar en un juicio a la empresa pública en cuestión. Esto conllevaría la necesidad de contratar abogados externos para desempeñar estas labores y el consiguiente desembolso económico.

Fue en el 2012 cuando el PP decidió que la Corporación de Empresas Públicas no tuviera que contratar a despachos de abogados externos e hiciera uso de los servicios jurídicos autonómicos. Entonces justificó esta acción por cuestiones de ahorro, ya que la deuda del consorcio ascendía a más de 400 millones.

ASESORES Ante ello, la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la DGA asumió las labores de asesoramiento en empresas tan importantes como Aramón, Suelo y Vivienda de Aragón o la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), cuya puesta en marcha está sumida en varias investigaciones judiciales por corrupción --caso saqueo, caso pagarés o caso karts--.

Las funciones que desempeñan estos quince abogados son la asistencia consultiva general en actuaciones judiciales y extrajudiciales, así como la presencia en los consejos de administración en los que no tienen voto.

Un trabajo por el que la Corporación de Empresas Públicas abona en torno a 60.000 euros anuales a la DGA que sirven, entre otras cuestiones, para pagar a los letrados encargados de desempeñar estas labores.

Este dinero puede parecer una gran cantidad, pero supone unos 150 euros mensuales de suplemento en la nómina de estos trabajadores. Más bien lo supondría, ya que estos letrados llevan casi un año sin cobrarlo, pese a que la Corporación de Empresas Públicas ya lo ha abonado a la Dirección General de Servicios Jurídicos que dirige Vitelio Tena.