El Gobierno de Aragón deberá abonar por adelantado el 80% de las dietas a los operarios de carreteras, y tardar como mucho un mes en pagar el resto, sin que la "falta de liquidez" ni la "costumbre" puedan justificar los impagos. Así lo ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), tras el conflicto colectivo presentado por el sindicato Comisiones Obreras, y al que se adhirió CSI-F.

Los trabajadores, que se desplazan habitualmente fuera de sus bases para los trabajos de mantenimiento, venían percibiendo sistemáticamente con retraso el abono de estas dietas, lógicamente cuantiosas. Según recogen los hechos probados --que la DGA no negaba--, el año pasado cobraron las correspondientes a los meses de enero a abril en junio.

El Gobierno de Aragón alegó que le faltaba liquidez para pagar antes, pero la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA recoge que este argumento no tiene validez legal. Como sostenía el abogado de CCOO, Serafín Pérez Plata, se habían comprometido por convenio a pagar como máximo con un mes de retraso, por lo que habrán de tomar las medidas oportunas para cumplirlo.

Asimismo, el acuerdo recogía el compromiso de pagar por adelantado el 80% de estas dietas, pero el Ejecutivo autonómico alegaba que era "costumbre" no hacerlo y que en gran parte de los casos se trataba de desplazamientos "puntuales y esporádicos". Algo que el TSJA rechaza, lo primero por no tener validez, tampoco, como argumento legal y lo segundo por tratarse de tareas habituales.

Así pues, salvo que la Administración aragonesa recurra ante el Tribunal Supremo, deberá de tomar medidas para provisionar una cuantiosa cantidad de fondos para estos operarios.

PLAZAS VACANTES El sindicato CCOO también había instado otro conflicto del mismo sector laboral al no haber sacado a concurso la DGA seis plazas para promoción interna. En este caso la Sala de lo Social les ha dado la razón en dos de ellas, las de capataz de brigada en Alcañiz y Caspe, que no tendrían amparo legal para ser amortizadas.

El sindicato se plantea recurrir ante el Supremo para que también fuerce a la DGA a sacar a concurso las otras cuatro.