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Consejo de Gobierno

La DGA garantizará por ley una vivienda digna y podrá expropiar

Las sanciones se aplicarán cuando se incumpla la función social que tendrán los pisos. El Ejecutivo aragonés presenta un anteproyecto que permite ir a los tribunales por este derecho

 

La nueva norma considerará la vivienda como un derecho subjetivo, y no como un bien de mercado. - EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO
07/03/2018

El consejo de Gobierno de ayer tomó conocimiento del anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón que contempla la vivienda como un derecho subjetivo y la posibilidad de expropiarla en el caso de que no cumpla la función social para la que está concebida, como es su uso residencial y su efectiva ocupación, pero de acuerdo con unos criterios estipulados. Este anteproyecto, que ahora afronta diversos encuentros informativos previos a la redacción del borrador y su posterior tramitación, situará a Aragón en la vanguardia de la legislación sobre vivienda, reconociéndola como un derecho constitucional y, por tanto, que se podrá llevar a los tribunales.

El consejero de Vertebración, José Luis Soro, informó sobre las líneas maestras de esta futura ley «prioritaria» y que saldrá adelante antes de que acabe la legislatura, aunque destacó que aunque es una norma vanguardista que incorpora doctrina del Tribunal Constitucional, no descarta que pueda ser recurrida por el PP, que «no tiene en cuenta a la ciudadanía, sino a los bancos». Se trata, dijo Soro, de una ley que «pone a las personas como protagonistas de las políticas públicas» y que convierte al Gobierno en garante del derecho a la vivienda.

DERECHO SUBJETIVO 

El anteproyecto, que consta de 183 artículos ordenados en nueve títulos, se rige bajo cuatro principios, el primero de los cuales considera la vivienda como un derecho subjetivo y no como un bien de mercado, de manera que toda la ciudadanía pueda exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de esta ley ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La norma describe diversos derechos: el de acceso a la vivienda y la posibilidad de que el Gobierno actúe en el caso de situaciones de vulnerabilidad para dotar de una alternativa habitacional; el derecho al disfrute pacífico de la vivienda y el derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades para poder contar con una calidad de vida son los otros tres principios. Entre las principales novedades que recoge la norma destaca la apuesta por el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al principio constitucional del derecho a una vivienda y también apuesta por la rehabilitación.

El Gobierno velará por que se utilicen como bien residencial, que no estén vacías, que no presenten sobreocupación, que no estén ocupadas ilegalmente o que no se destinen a vivienda permanente en el caso de las de régimen oficial, incumplimientos que podrán ser corregidos mediante sanciones o procedimientos expropiatorios.

RELACIÓN CON LOS BANCOS

Soro advirtió de que no se trata de expropiar las viviendas vacías sino cuando se incumplan ciertas situaciones, marcadas en la ley, y una vez que se hayan agotado las vías coercitivas. Lo que se busca, dijo, es soluciones en positivo para la puesta en valor de esas viviendas, para garantizar el pago de los gastos o el mantenimiento de las mismas. En relación con las entidades financieras, sociedades inmobiliarias, Sareb, activos inmobiliarios y grandes propietarios, se establece la obligación de dar información a la Administración sobre personas en riesgo de perder su vivienda, con el fin de poder tomar medidas para garantizarles un alojamiento alternativo.

Otra novedad fundamental es la «obligatoriedad» de la mediación cuando los actores que intervienen en un negocio jurídico entran en conflicto, no solo en los contratos de compraventa, sino también en los sistemas de financiación, como los préstamos hipotecarios. Soro señaló que «las entidades que adopten medidas para evitar el sobreendeudamiento y acepten la dación en pago como sistema ordinario para saldar las deudas tendrán absoluta prioridad en el trato con todas las administraciones.

Diez mil días informando

Suplemento especial del 3 de junio de 2018 con motivo del número 10.000 de El Periódico de Aragón.

   
8 Comentarios
08

Por BOCKN 19:47 - 07.03.2018

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La Constitución española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica Ver sinopsis Artículo 47 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

07

Por Melitonpómez 15:00 - 07.03.2018

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Por favor señores, si podemos dar una vivienda digna porqué tantas pegas. Pero primero hay que saber que se entiende por vivienda digna. Los que tienen problema de acceso a sus pisos son vivendas dignas? o no lo son sus moradores? Los que hipotecados con agobios económicos pero con piso digno que se aguanten. Tal vez haya que crear una nueva modalidad de acceso a la vivienda y que los bancos promociones la nueva Hipoteca.ocupa. Toc toc ¿Hay alguien ahí?

06

Por El bucanero 14:40 - 07.03.2018

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Este consejero tiene que dar la nota ,sabe que no lo puede hacer es anticonstitucional, construya un parque de viviendas públicas, como es su obligación, y las ponga de alquiler, y no de venta ,como han hecho anteriormente, la DGA tenía que tener miles de viviendas de su propiedad, pero era mejor coger las plusvalías de la vivienda libre ,y subir los sueldos de los funcionarios de la DGA.

05

Por El bucanero 14:35 - 07.03.2018

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Este consejero, si él se ve incapaz de solucionar el tema de la vivienda, que dimita, quiere el pájaro este que sean las personas particulares, las que hagan de hermanitas de la caridad, da risa que haya gente así gobernando,esta ley es anticonstitucional, y él lo sabe ,que hace la DGA, para que está?Qué construya viviendas para alquilar, en lista tiempos de bonanza, que hacía la DGA, recoger las plusvalías, que generaba la construcción, y subir el sueldo a los funcionarios cada uno puede hacer con su propiedad lo que quiera ,él en buena urbanización vive, y estos personajes son los que van a traer riqueza, jajajaja, con estos no dan ganas de invertir nada ,que nos hagan a todos funcionarios y ya está, patético, esta persona se ve que no ha trabajado nunca en la empresa privada, vive del cuento, del presupuesto.

04

Por ofmaribel 14:10 - 07.03.2018

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Supongamos que tengo una vivienda para pasar el verano que he conseguido a base de mi renuncia a otras cosas; supongamos que por ese motivo no he ahorrado porque lo he invertido en la vivienda. Ahora dice el Sr. Soro que me la puede expropiar. Sr. Soro le creía a Vd. más serio y competente. Eso que dice es tal disparate como el hecho de que me obliguen a gastar mi dinero porque si lo tengo en el banco, parado porque es mio, ira a engrosar las arcas públicas. Sr. Soro debería darle vergüenza decir tales barbaridades. Yo puedo ser solidaria con quien menos tiene, pero la obligación de la vivienda social es de la instituciones no de las personas individualmente.

03

Por Sarolo 11:18 - 07.03.2018

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Bueno, y qué? .Te compras unos zapatos, no te los pones en 3 meses y nadie te los expropia. Te compras una vivienda para el verano y sólo para el verano y te la pueden expropiar? .No sé si esto es serio eh?.

02

Por El espino 9:51 - 07.03.2018

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Un orgullo ser pioneros en Europa de nuevo , ya lo somos en impuestos , ahora en expropiacion de las viviendas para garantizar su accesibilidad , nada nuevo en Venezuela , donde la accesibilidad publica llega incluso a los alimentos basicos . un gran avance con gran transcendencia en la construcción y compra venta de viviendas . Enhorabuena.

01

Por Abejorro 8:10 - 07.03.2018

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Con fecha 14-2-18, El Periódico publicó una noticia referente al auto del Constitucional por el que se suspendían los art. 20 y 24 de la Ley aragonesa que “regula las medidas de emergencia en relación con las prestaciones del sistema de servicios sociales y de acceso a la vivienda.” Suspendidos, por cierto, por una incomprensible justificación: que existía “un perjuicio cierto para el interés general”, entendiéndose que era un perjuicio para los bancos y grandes tenedores de viviendas procedentes de los desahucios. ¿A esto se refiere en su propuesta el Sr. Soro? ¿Esto es lo que quiere remediar con su Proyecto de Ley? ¿O es que quiere iniciar un contencioso con el Constitucional a pesar del “suspenso”? No negaremos que la pretensión del Consejero no sea un propósito noble dónde los haya: facilitar el acceso a la vivienda a quienes no tengan posibilidades económicas de hacerlo. Lo es, y sin ninguna duda conecta directamente con una voluntad de alguien que se reclama de izquierdas. Pero no creo que sea ésta la forma de conseguir una medida como ésta, porque, aparte de que el Constitucional proclama el derecho a la vivienda de todos los españoles, esta obligación debe corresponderle en exclusiva a los poderes públicos, no a la propiedad privada, también garantizada por el Constitucional, ya que podría no ser ajustada a derecho. Y si la decisión del Sr. Soro se debe a su condición de miembro de un partido nacionalista de izquierdas ¿?, tal vez habría que recordarle que, ni siquiera Marx era partidario de suprimir la propiedad privada. De esa propiedad obtenida legítimamente sobre los productos de su esfuerzo, su trabajo o de su ingenio. Así que si un trabajador tiene dificultades para poseer una vivienda no será por modelos económicos afectos a la izquierda, sino del Capitalismo, que lo ha conducido a esa situación. Por lo que, Sr. Soro, si no es lo que nos tememos, explíquenos con más detalle su propuesta.