El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA ha llevado a cabo 185 inspecciones en residencias de mayores y centros de servicios sociales a lo largo del año 2016. Todas ellas derivadas del plan de inspección que estableció las líneas de trabajo que se llevarán hasta el 2018.
El secretario general de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, explicó que las inspecciones se están haciendo en coordinación con la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios y Salud Pública, analizando cada una de ellas en lo que atañe a sus competencias. Su puesta en marcha provocó a lo largo del año pasado el cierre de 14 residencias de mayores que, por voluntad propia, decidieron clausurar el negocio porque no podían cumplir con los requisitos de atención y calidad establecidos por la DGA, según aseguraron fuentes del Gobierno autonómico.
El plan extraordinario motivó que 18 solicitaran su regulación presentando planes de mejora, de los que se aprobaron 13. A las otras cinco se les transmitió un requerimiento de cierre que está pendiente de formalizarse y posteriormente comprobarse.
A raíz de las inspecciones, se acordaron requerimientos de cierre y apertura de expediente sancionador a otros cuatro establecimientos, alguno de ellos por haber iniciado su actividad durante el 2016 sin tener la autorización previa.
En estos supuestos, la propuesta de sanción es de 40.000 euros y cierre definitivo. En cuanto a los controles llevados a cabo, algunos fueron motivados por requerimientos o expedientes previos, para comprobar la clausura acordada o para atender a las quejas formuladas por los usuarios en cuanto a la calidad del servicio.
De las 185 visitas, 17 se llevaron a cabo en la provincia de Huesca, 65 en la de Teruel y 103 en la de Zaragoza. En Aragón hay 42 centros de día, 36 residencias para personas con discapacidad, 35 centros de día y 155 residencias para personas mayores.
