El Gobierno de Aragón, mediante el plan de inspección a residencias, ha sancionado a un 15% de los centros privados que ha revisado en lo que va de legislatura. Se trata, según explicó ayer el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, de expedientes sancionadores que van desde situaciones leves a graves o muy graves.

El proyecto de revisión, que concluirá en el 2019, ha dado ya algunos resultados. De hecho, en esta legislatura han clausurado una veintena de residencias en Aragón por no cumplir con los requisitos exigidos por la DGA y que, finalmente, se han visto abocadas a cerrar por ellas mismas al ver imposible cumplir con la normativa. «No se puede hacer una evaluación hasta que no termine el plan. Velar por los derechos de los ciudadanos es la fuerza motriz que motiva a actuar en las materias sobre su competencia», dijo Jiménez durante su comparecencia en la Cortes.

Por otro lado, los inspectores de residencias han aumentado hasta un 16% esta legislatura, aunque lo deseado por Jiménez sería disponer de más. «No me encuentro satisfecho, querría tener más, pero vamos a seguir creciendo en la medida de lo posible y con los medios adscritos», declaró.

En este sentido, el secretario técnico apuntó que quieren que los centros sean «sostenibles» y, por tanto, se valora también de las residencias su actividad empresarial. «Generan empleo y fija población en el territorio. Tienen que ir en crecimiento porque son crecientes también las necesidades de atención de las personas mayores», dijo Jiménez.

El Gobierno de Aragón, tras el incendio que se produjo en julio del 2015 en la residencia San Fe, donde murieron nueve personas, puso en marcha dicho plan de inspecciones para intensificar las investigaciones y controles en los centros de mayores.

FALTA DE PLAZAS

Entre las deficiencias detectadas, las más habituales están relacionadas con algunas irregularidades en materia de incendios, sistema de evacuación y medidas de seguridad, entre otras cuestiones.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la comisión, Desirée Pescador, consideró que «hay escasez de plazas, listas de espera y precios elevados que son inasumibles en muchas ocasiones», dijo. «Las normas están para cumplirlas, en caso de deficiencias hay que subsanarlas», reclamó la parlamentaria.

Ana Marín, del PP, mostró sus «dudas» respecto a dos cauces. «Por un lado, las inspecciones dirigidas no tanto a mejorar sino a sancionar y, por otro, la diferencia entre las residencias propias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y las que no lo son, ya que las primeras tienen más flexiblidad», dijo.

La socialista Pilimar Zamora calificó como «fundamental» la labor de inspección en los servicios sociales y dijo que «hay que entender la calidad como un derecho de las personas, pero también como obligación de las administraciones.

Desde Podemos, Marta Prades apuntó que «más allá de las inspecciones que se realizan, hay que incidir en la calidad del empleo», mientras que Elena Allué (PAR) criticó que «a pesar del plan de inspección ha habido problemas sin solucionar y subsanar», dijo.

Por último, por parte del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) exigió que «para tener servicios públicos de calidad hace falta tener personal cualificado y la labor inspectora siempre tiene que ser rigurosa», consideró.