La externalización del asesoramiento jurídico individualizado a mujeres es obligada para atenerse a la "legalidad vigente", después del endurecimiento de las directivas europeas en materia de contratación, con más exigencias en publicidad y concurrencia para los contratos de servicios, "incluidos los que tienen por objeto los servicios sociales", como es el caso.

Estas fueron las reflexiones de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, durante su comparecencia en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón para explicar las dudas que ha despertado el proceso de mercantilización. Salvo también quiso apaciguar la crítica unánime de la oposición para matizar que únicamente 60 de las 887 mujeres atendidas por el servicio durante el año pasado lo hicieron por haber recibido malos tratos. "La asesoría está dirigida a cualesquiera mujeres, sean o no víctimas de violencia, sobre cualquier aspecto jurídico que les afecte", precisó.

Todos los grupos excepto el PSOE negaron este extremo al entender que aunque muchas mujeres acudan a la asesoría para consultar problemas de otra índole, el propio trato con los abogados revela el motivo real de la petición. Fuentes de la abogacía confirmaron esta impresión. De hecho, el 80% de las consultas suelen ser derivadas a otros recursos jurídicos de mayor entidad.

Salvo indicó que a pesar de la externalización la asesoría se seguirá haciendo "con total normalidad, calidad y garantías". También garantizó el seguimiento escrupuloso de los contratos para que no se produzcan cambios en las condiciones actuales.

La oposición fue especialmente crítica con la intervención. La representante de Izquierda Unida, Patricia Luquin, señaló que escudarse en "criterios técnicos" para externalizar el servicio es "irresponsable". También consideró una "provocación" que la orden de licitación se haya publicado un día antes de la comparecencia. La misma posición defendieron los portavoces de Podemos, PAR y Ciudadanos. "No se puede equiparar la labor de los colegios de abogados con los de una empresa privada", aseguró la diputada Violeta Barba. Por su parte, a socialista Pilimar Zamora lamentó "la utilización política de una asunto tan delicado".