El Gobierno de Aragón está sometiendo a una "exhaustiva revisión" a otras seis residencias privadas de ancianos en la comunidad. Se espera que la inspección se concluya en enero. La investigación podría llevar a la clausura de estos centros si no corrigen "las faltas graves" que han motivado el cierre de otras nueve, informaron a Efe ayer fuentes de la Consejería de Sanidad.
Desde Sanidad se indicó que hay abiertos veinticinco expedientes a otras tantas residencias privadas de ancianos, que han sido divididos en dos niveles "de acuerdo con su urgencia".
En quince de las residencias los expedientes son por "faltas graves" en materia de atención a los mayores y las otras diez por infracciones de tipo administrativo, tales como no disponer de los papeles reglamentarios en orden. La inspección de estas últimas concluirá en el primer trimestre del próximo año.
De las quince residencias escrutadas por "faltas graves" a nueve se les ha ordenado el cierre y las otras seis están siendo sometidas a una "revisión exhaustiva" que concluirá, previsiblemente, en enero, tras lo cual "si no han tomado medidas correctoras se cerrarán", han precisado desde la consejería. Los cierres por este tipo de infracciones conllevan una sanción económica que oscila entre los 30.000 y los 500.000 euros.
Tal y como explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad, se "revisarán" las condiciones de las aproximadamente 300 residencias públicas y privadas que hay en Aragón y que alojan a más de 7.000 mayores para conocer el estado en el que se encuentran.
Desde Sanidad han precisado que las nueve residencias cuyo cierre ha sido ordenado, disponen, según sea la gravedad de la infracción, de entre un mes y un año de plazo para recolocar a los 175 ancianos afectados por la medida.
Las quince primeras residencias investigadas tienen 330 plazas, en su mayoría en pisos de Zaragoza y Teruel.
