Ya no hay vuelta atrás, el Gobierno de Aragón avanza con paso firme hacia la centralización de sus sedes del departamento de Derechos Sociales en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. En los bloques más nuevos de las antiguas dependencias judiciales de Zaragoza se ubicarán los 9.787 metros cuadrados que necesita este proyecto que aglutinará, además de la consejería que dirige María Victoria Broto, la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), sobre un total de 16.000 metros a rehabilitar y que son propiedad del Ejecutivo autonómico.
El primer paso se anunció ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) con la licitación del primer contrato, valorado en 71.441,43 euros, para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como el de instalaciones y estudio de seguridad y salud para la reforma de esos bloques, los más nuevos de los antiguos juzgados del Pilar, que serán en los que se ubicará esta nueva sede del IASS en Zaragoza.
Una licitación que tendrá un plazo de ejecución de «61 días naturales desde la firma del contrato» y a la que ya se pueden presentar ofertas hasta el próximo 8 de septiembre. Se cumple con los plazos que, tal y como adelantó este diario, manejaba la DGA para revitalizar los antiguas dependencias judiciales de la plaza del Pilar. Aunque la previsión para iniciar los trabajos sea ya en el próximo año, el concurso público para adjudicar los trabajos podría lanzarse antes de final de año o a principios del 2018.
El próximo presupuesto de la comunidad autónoma será decisivo para conocer la celeridad con la que el Gobierno de Aragón quiere emprender este traslado del IASS y de la Consejería de Derechos Sociales a los antiguos juzgados. Sobre todo porque se espera que a la vuelta del verano se reanuden con el Ayuntamiento de Zaragoza para definir los usos compartidos que va a tener el edificio. Un acuerdo que, por ahora, pasaría por que el consistorio aceptara los 5.000 metros cuadrados que le ofrece la DGA, los que se encuentran en las edificaciones más antiguas.
PLAZOS CORTOS Y MARCADOS
Sin embargo, parece que el IASS tiene prisa por empezar a preparar la licitación. Así, en el contrato que ya aparece en el perfil del contratante del Gobierno aragonés se establece que pese a que la empresa adjudicataria tendrá más de dos meses para redactar el proyecto, «en el plazo de tres semanas desde la firma del contrato se presentará una propuesta del presupuesto, para su aprobación en el órgano de contratación». Este se aprobará «en cinco días desde su presentación», apuntan los pliegos. Además, añade que el objeto de la firma contratada «finalizará con la obtención de la licencia municipal de obras para la ejecución del proyecto».
Aunque la estimación de la DGA sobre el coste aproximado que esta rehabilitación debe tener ya existe y así lo establece en los propios pliegos del contrato que ahora ha licitado. Lo calcula «en 775.000 euros», que incluye la rehabilitación desde un estado actual que es bueno pese a los tres años que lleva en desuso, pero también las obras de adaptación a su nuevo uso administrativo, la climatización y otros trabajos complementarios.
En la memoria justificativa del proyecto es donde la DGA explica su objetivo de unificar el departamento de Broto y el IASS en los juzgados, cómo se excluye solo uno -«el más antiguo», dice- de los cinco bloques que conforman las antiguas dependencias judiciales, y que esta remodelación «se tiene que hacer con el menor coste presupuestario posible, dadas las posibilidades actuales del Gobierno de Aragón». Un lavado de cara mínimo.
