El Ejecutivo de Mariano Rajoy está obligado a entenderse con las comunidades autónomas para garantizar sus apoyos parlamentarios, pero por el momento parece que no está cumpliendo con sus propios compromisos. El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, manifestó ayer que la financiación autonómica, la dependencia, la educación y la oferta pública de empleo son las principales discrepancias entre la autonomía y el Estado.

Esta recapitulación se produjo ayer en el transcurso de la comisión de seguimiento a los acuerdos de la pasada Conferencias de Presidentes celebrada ayer en Madrid bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El ritmo de los trabajos y estudios relacionados con el sistema de financiación autonómica, la insuficiente aportación del Gobierno de España para cubrir las ayudas de la dependencia, los aspectos relacionados con la tasa de reposición de funcionarios y las contradicciones en las que incurre el PP en el Pacto por la Educación han sido los aspectos en los que Guillén ha incidido.

Además, explicó que las comunidades autónomas siguen sin conocer detalles de los estudios sobre la financiación autonómica que está llevando a cabo la comisión de expertos aunque algunas ya han conseguido importantes concesiones en el proceso de negociación de los presupuestos generales. También recordó el compromiso de Rajoy en avanzar en los aspectos relacionados con la financiación propia de Aragón a través del artículo 108 del Estatuto de Autonomía.

Pero la lista de reproches no se queda en eso. «Donde tenemos una importante discrepancia es el tema de las aportaciones estatales para las ayudas a la dependencia», manifestó. El Gobierno de España aporta el 15% cuando debiera alcanzar, por ley, el 50%, lo que hace que año a año se vaya acumulando una importante cantidad «que causa un importante quebranto a las cuentas autonómicas», dijo. Hasta el 2016 era de 535,5 millones de euros, señaló.

Y pidió que se avance en la tasa de reposición de funcionarios tras la oferta lanzada por Rajoy que choca con un recurso planteado ante el Constitucional.