A pesar de que los 87 pisos de acogida para refugiados del Gobierno de Aragón podrían usarse al completo «mañana mismo», es poco probable que así sea. La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, lamentó ayer el papel «subsidiario» que el Estado ha dejado a las autonomías y ayuntamientos en la gestión de la crisis y recordó que su departamento tiene habilitados suficientes espacios «para su ocupación inmediata».
Andreu en las Cortes de Aragón, a petición del PP, para explicar el contenido del convenio de colaboración firmado entre la DGA y las entidades sociales para el desarrollo de un programa de acogida a personas refugiadas en Aragón. Por el momento son 90 las familias que han llegado a la comunidad, muchas de ellas todavía en centros de acogida hasta que aprendan el idioma y se adaptan a su nueva circunstancia.
Andreu lamentó que el Estado propicie una política que destina 40 millones de euros a reparar las vallas de Ceuta y Melilla y «solo 16» a los centros de estancia temporal para extranjeros.
El diputado de Podemos Nacho Escartín fue especialmente duro con la formación solicitante de la comparecencia, a los que acusó de «cinismo» en su forma de proceder. «Rajoy se comprometió a recibir a 17.800 refugiados y solo ha cumplico con el 7%», recordó para insistir en que comunidades y ayuntamientos «querrían hacer mucho más».
