El Gobierno de Aragón aprobó ayer definitivamente en Consejo de Gobierno un proyecto de ley del Fondo de Cooperación municipal, que viene a complementar los fondos que el Estado tiene que dar a los municipios y que garantiza que todos los servicios básicos tienen la suficiente aportación económica.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, recordó que el texto legal, ya remitido a las Cortes de Aragón para que se debata en el próximo periodo de sesiones y pueda entrar en vigor en el 2019, garantiza la autonomía financiera de las corporaciones locales, porque «no hay autonomía política sin autonomía financiera», insistió el consejero.

Asimismo destacó la importancia de esta nueva ley porque estabiliza, desde el punto de visto económico y financiero, a los municipios, que ya no van a tener que estar pendientes del gobierno de turno.

Esa dependencia se elimina con la nueva regulación, que parte de las especiales características de la realidad aragonesa derivadas de la existencia de 731 municipios, en uno de los cuales, Zaragoza, residen más de la mitad de los aragoneses; del alto grado de envejecimiento; de la gran dispersión; de la baja densidad poblacional y del alto riesgo de desaparición de muchos núcleos de población.

Como establece el artículo 8, en el primer ejercicio de aplicación de esta norma se percibirán, como mínimo, los siguientes importes: el municipio de Zaragoza: 8.000.000 euros (incluidos ya en la ley de capitalidad); Huesca: 1.000.000 euros; Teruel: 700.000 euros y el resto de poblaciones 20.950.000 en total.

La dotación inicial mínima de estas localidades se distribuirá anualmente teniendo en cuenta una cantidad fija resultante de distribuir por partes iguales el 40% entre todos los municipios. El 60% restante se repartirá teniendo en cuenta en distintas proporciones el número real de vecinos.

Por otro lado, la DGA llegó a un acuerdo con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para subvencionar con un máximo de 20.000 euros hasta el 80% del coste de las actuaciones necesarias para acceder a las ayudas de financiación de la Unión Europea.