El Gobierno de Aragón descarta poder aplicar en la comunidad el sistema de universidad gratuita que pondrá en marcha en septiembre la Junta de Andalucía y que permitirá bonificaciones de hasta el 99% de la carrera universitaria a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del curso.

Fuentes del Ejecutivo autonómico señalaron que «es una medida que nos complace, pero el modelo de financiación actual no permite llevarla a cabo», señalaron. Así, añadieron que «Andalucía tiene una financiación mucho mayor tanto por parte del Estado como de Europa que Aragón no dispone», dijeron.

Desde el Departamento de Universidad se siguen estudiando medidas en beneficio de los alumnos y recordaron que en Aragón «ya se ha conseguido que por primera vez en 20 años la universidad haya rebajado sus precios.

La medida anunciada por Susana Díaz en Andalucía le costará 29 millones de euros a la Administración y beneficiará a 30.000 alumnos, aunque todavía no se ha publicado el decreto de Precios Públicos de la Junta.

La bonificación del 99% del curso deberá estar precedida por un aprobado el curso anterior. Es decir, que quienes pasen limpios de un año a otro prácticamente no tendrán que pagar nada, únicamente el primer año, siempre y cuando no estén becados.

Desde la consejería de Universidad insistieron en que cuando llegaron al Gobierno se encontraron con «una Universidad de Zaragoza sin financiación básica, sin estabilidad y sin inversiones en edificios durante los cuatro años», añadieron. « Por ellolas primeras medidas adoptadas han sido asentar la financiación, el modelo y establecer actuaciones que beneficien a toda la sociedad», dijeron.

Renta social / Por otro lado, otra de las medidas anunciadas por Díaz en Andalucía es establecer una renta social para todas aquellas familias con ingresos por debajo de los 415 euros en hogares de un solo miembro.

En este sentido, esta iniciativa ya está avanzada en Aragón y es similar a la Renta Social Básica que pretende la DGA. Actualmente está en tramitación parlamentaria en las Cortes de Aragón donde se fijarán, finalmente, las cuantías definitivas para los beneficiarios.