Los responsables del proyecto del centro comercial Torre Village en Zaragoza, el llamado outlet de Pikolín, ya se han dirigido al Gobierno de Aragón para reclamar que sea considerado de interés autonómico. Esta figura de protección permite, entre otras ventajas, acortar algunos de los trámites administrativos de exposición pública y su objetivo último es el de facilitar la actividad económica en la comunidad.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, reconoció ayer que los gestores del outlet han reclamado esta calificación y que será tramitada por el Ejecutivo siguiendo los cauces habituales. «Tendremos que analizar el expediente antes de tomar una decisión», dijo sin adelantar una resolución negativa o favorable. «Si todo está correcto no se puede tomar una decisión arbitraria», expresó para precisar que se actuará con un «cumplimiento estricto de la ley». El consejero de CHA, José Luis Soro, deberá decidir cuál será su postura en la decisión después de que su formación votará en contra del proyecto en el consistorio.
La búsqueda de este atajo administrativo no sentó bien en algunos sectores políticos. La portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, avanzó que solicitará una comparecencia del consejero para que informe si está en la intención del Gobierno favorecer que los terrenos de Pikolín sean considerados de interés autonómico «teniendo en cuenta las graves afecciones que va a suponer para el pequeño comercio y el rechazo social que ha generado su autorización».
Mientras, el Gobierno de Zaragoza sigue buscando los mecanismos para evitar que salga adelante. Zaragoza en Común (ZeC) vivió un día de resaca plenaria después de que se haya quedado sin cartuchos ni informes que lo impidan. El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, hizo público su deseo de que la DGA «desoiga» la petición de Iberebro.
COMPETENCIAS
Admitió que se trata de una competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico, pero recordó que el decreto del 2008 de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón «se inspira en la norma que redujo a la mitad los plazos para la celebración de la Expo 2008». Es decir, si se aprueba la declaración, «Lambán estaría comparando un evento internacional público con una actividad privada».
Muñoz entiende la aprobación de la posible autorización como una declaración de intenciones del Gobierno aragonés que, además, aceleraría la tramitación, los plazos de apertura y, en consecuencia, «la destrucción del pequeño comercio». En plenas negociaciones sobre la gobernabilidad en la ciudad volvió a lanzar un dardo cargado de espinas al grupo socialista en el ayuntamiento. «Si la DGA responde afirmativamente seguirá en la misma línea del PSOE de Zaragoza, dándole privilegios al proyecto Pikolín», criticó.
En caso de tener la declaración, se reducirían los plazos que garantizan la publicidad, el cumplimiento de los requerimientos públicos y el periodo de alegación. «Este recorte de derechos a la mitad solo supondría echar más leña al fuego en un proyecto que genera, como se ha demostrado, mucho rechazo social», señaló en referencia a las críticas de los comerciantes.
Para el concejal de Urbanismo no es necesario «correr» para poner en marcha una actividad que va a afectar al comercio de proximidad y que cuenta con el voto favorable de PSOE, PP y Ciudadanos (C’s). Este es el segundo gran proyecto que ZeC no logra paralizar al no contar con apoyos suficientes, después de la demolición de Averly.
