El Gobierno de Aragón ha seguido los pasos de otras comunidades autónomas y publicará mañana la convocatoria de ayudas financieras al alquiler y al fomento de rehabilitación edificatoria, pese a que están condicionadas a la firma de un convenio con el Gobierno central que aún no ha llegado.
Por tanto, según ha explicado en rueda de prensa la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, está convocatoria saldrá condicionada, es decir, que las concesiones de las ayudas no se podrán resolver hasta que no se firme el convenio con el Ministerio de Fomento dentro del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanos, que ha sido prorrogado este 2017.
No obstante, Andreu ha asegurado que "no hay ninguna duda" de que dicho convenio será suscrito, probablemente este mes de julio, aunque el borrador ya fuera enviado en marzo.
La dotación presupuestaria total será de 17 millones de euros, 10 para la rehabilitación (antes eran 11 cada dos años) y 7 para las ayudas financieras al alquiler.
En cuanto a las ayudas para la rehabilitación, que incluyen obras de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, en palabras de la directora general de Vivienda no se trata solamente de rehabilitar, sino también de crear empleo, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y crear un modelo de ciudad compacta.
Las actuaciones subvencionables, dirigidas tanto a comunidades de vecinos como a propietarios únicos de inmuebles completos destinados al alquiler, deben ser en elementos comunes de edificios construidos antes de 1981, donde la vivienda ocupe más del 70 por ciento de su superficie, haya como mínimo dos viviendas y que el 70 por ciento de estas sean la residencia habitual de los ocupantes.
De los más de 10 millones de euros destinados a esta convocatoria, más de 6 corresponden a la provincia de Zaragoza, 2,2 a la de Huesca y 1,7 a la de Teruel, aunque serán transferibles entre ellas si en alguna no se agotaran los fondos.
Las subvenciones se situarán entre el 35 y el 57 por ciento del coste en el caso de obras de conservación y eficiencia energética y entre un 50 y un 80 por ciento para accesibilidad, todo ello sin superar cuantías máximas que sí sitúan en 17.500 euros por vivienda.
El plazo de la convocatoria, al igual que en las ayudas financieras al alquiler, se abrirá el 14 de julio y se cerrará el 14 de agosto, mientras que se espera que las resoluciones no se demoren más allá de octubre.
En estas últimas ayudas, que han pasado de contar con 5,7 millones de euros para un periodo que solo incluía nueves meses hasta los 7 millones para todo el año, de los que 5,4 irán a Zaragoza, cerca de un millón a Huesca y 572.000 euros a Teruel.
Entre los requisitos, Andreu ha destacado que el alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales, incluidos garaje y trastero pero no los gastos de comunidad, y los beneficiarios deberán estar al corriente de pago.
Del mismo modo, los ingresos de la unidad familiar solicitante tendrán que ser superiores al 0,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -en torno a 3.700 euros anuales- e inferiores a tres veces el IPREM -alrededor de 22.000 euros-, todo ello incluyendo cualquier tipo de prestación y excluyendo de los requisitos a las mujeres víctimas de violencia machista.
En 2016 se recibieron 7.655 solicitudes, de las que se concedieron en torno al 90 por ciento, ha añadido.
Lo que pretende el Gobierno con esta medida, ha continuado, es normalizar las ayudas al alquiler para que personas que se encuentran en una situación de riesgo pero no de exclusión no caigan en el extremo del desahucio, algo que ha reconocido que las administraciones públicas todavía no han sabido hacer.
Para ello, ha reivindicado que lo principal es aumentar la dotación presupuestaria a todos los niveles, tanto desde el Gobierno central como del autonómico, y se ha preguntado "por qué no" igualar estas partidas a las de educación.
A su juicio, para hablar del derecho a una vivienda digna no se puede contar con unos presupuestos como los de este año.
Andreu, en este sentido, ha urgido a los gobiernos de izquierdas a que empiecen a plantearse políticas de inclusión que piensen en estas personas en situación más vulnerable y que necesiten partir "de cero".
Por otro lado, tras este anuncio, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha emitido un comunicado donde ha manifestado su apoyo a esta convocatoria.
