El Gobierno de Aragón no paralizará el cobro del impuesto de contaminación de las aguas (ICA) mientras se revisa su reforma, orientada a penalizar el consumo y bajar el precio del tramo fijo.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Aragón, Javier Lambán, en una comparecencia ante los medios para explicar las medidas que plantea el Ejecutivo de cara a la reforma del impuesto el día marcado con Podemos para presentar sus respectivas propuestas.

Con su comparecencia, Lambán ha querido dar a este compromiso "mayor rango institucional", mostrar que la apuesta por la revisión del impuesto es un "compromiso real" y pedir también a la formación morada que cumpla con su posición "a la mayor brevedad posible".

Una negociación en la que, de momento, sigue sin querer participar el Ayuntamiento de Zaragoza, contrario a la aplicación de este impuesto a la ciudadanía, y pese a lo que, ha asegurado Lambán, se les ha envidado un formulario y un requerimiento para que presenten sus propuestas.

La medida propuesta por el presidente de Aragón es reducir el precio del tramo fijo e introducir la progresividad en el variable con el fin de incentivar el ahorro, con las consiguientes bonificaciones o exenciones a familias numerosas o en determinadas circunstancias sociales para que "no cree agravios".

Un planteamiento que, según Lambán, implicará una bajada en el precio del recibo a "muchos ciudadanos" pero sin concretar si ello supondrá también un incremento para otras unidades familiares.

La capital aragonesa y los ayuntamientos que opten por construir y gestionar sus propias depuradoras impondrán su propia tasa y mantendrán la bonificación del 60 por ciento del ICA "para siempre".

El objetivo de la reforma del impuesto es, ha precisado el presidente, "adecuarlo a la realidad y a las demandas del territorio", además de que Aragón "no pague ni un euro más que la media de españoles por mantener limpios los ríos y ahorrar agua".

Ha asegurado que este impuesto no tiene "afán recaudatorio" porque lo que se obtiene se debe destinar a obras del ciclo del agua.

En este sentido, ha advertido de que mientras este año se espera una recaudación de 70 millones de euros, el Gobierno de Aragón se va a gastar 74 en estas obras.

También se persigue que sea "solidario", con el fin de que los municipios más grandes ayuden a costear las depuradoras de los más pequeños, y "justo", porque no se trata de recaudar más sino de que cumpla con sus objetivos y "atienda a las circunstancias personales de cada ciudadano".

"No importa cuánto recaudemos tras la reforma sino que sea justo, transparente y sirva para mantener los ríos limpios", ha sentenciado Lambán, quien ha recordado que todavía faltan por construir en Aragón unas trescientas depuradoras, de las cuales veinticuatro ya han empezado su construcción, mientras que el resto dependerá de la disponibilidad de recursos.

Una ejecución que se desarrolla de acuerdo con los ayuntamientos, como recoge el nuevo plan de saneamiento impulsado por el Gobierno tras anular el anterior sistema de concesión de construcción y depuración de aguas, con el fin de no hacerlas sobredimensionadas.

Como ha destacado el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, este nuevo sistema implicará una "reducción sustancial" de los costes, que con el plan anterior supone 0,59 euros por metro cúbico de agua incluida la explotación, amortización y financiación de las actuales depuradoras.

Lambán tampoco descarta otros sistemas de depuración para pequeños municipios, como filtros verdes, pero ha advertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de que "no tiene sentido" imponer sanciones a los ayuntamientos que no cuentan con este sistema porque el Gobierno de España es "tan responsable de asegurar la depuración de aguas como el Gobierno autonómico".

El próximo 8 de febrero está prevista la segunda reunión para abordar la reforma del ICA con el objetivo de que pueda estar cerrada a mediados de marzo, para proceder a elaborar el correspondiente anteproyecto de reforma de ley y su tramitación en las Cortes, un periodo durante el que, ha señalado Lambán, no tiene intención de paralizar su aplicación